Congreso de Perú
El 10 de octubre, el Congreso destituyó a Dina Boluarte y nombró a Jerí, de 38 años, como presidente interino. Su llegada, sin respaldo popular ni legitimidad electoral, desató protestas en todo el país. Desde entonces, Lima se ha convertido en el epicentro de la movilización ciudadana, con miles de jóvenes exigiendo el fin de la corrupción y una renovación política profunda.
La Fiscalía investiga la muerte de Eduardo Ruiz, de 32 años, alcanzado por una bala durante una manifestación. Los vídeos de seguridad apuntan a que el disparo habría provenido de un agente encubierto, lo que ha encendido las acusaciones de represión estatal.
La indignación crece y las calles de Lima se llenan de gritos contra un presidente que, según los manifestantes, no representa a nadie
Las marchas se repiten en Lima, Arequipa y Trujillo. El Ministerio de Salud confirmó más de 100 heridos, entre ellos 80 policías y diez periodistas. Diversas organizaciones denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y detenciones arbitrarias.
La violencia callejera ha dejado imágenes de choques, barricadas y gases lacrimógenos en el centro de la capital, en un clima que recuerda las protestas de 2020 y 2022.
El conflicto social se amplía cada día y amenaza con paralizar sectores clave de la economía peruana
| Indicador | Cifra aproximada 2025 |
|---|---|
| Manifestantes heridos | 20 |
| Policías heridos | 80 |
| Periodistas agredidos | 10 |
| Fallecidos confirmados | 1 |
| Días de protestas consecutivas | 7 |
(Fuente: informes oficiales y organizaciones civiles peruanas)
Abogado de profesión y con escasa trayectoria política, Jerí fue elegido presidente del Congreso en julio. Pero su figura arrastra sombras. En 2025 fue denunciado por violencia sexual, un caso archivado por falta de pruebas, y señalado por presunto enriquecimiento ilícito.
Estas acusaciones, unidas a su respaldo a políticas como la pena de muerte y la retirada de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refuerzan la percepción de que su gobierno representa un retroceso en derechos y libertades.
La falta de legitimidad y los cuestionamientos éticos amenazan con convertir su mandato en el más breve de la historia reciente del país
Jerí ha pedido al Congreso facultades extraordinarias para legislar en materia de seguridad y crimen organizado. Asegura que el país vive una “situación límite” y que la violencia exige “acciones inmediatas”.
Al mismo tiempo, ha ordenado redadas en cárceles y operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas, en un intento por mostrar firmeza ante la delincuencia. Sin embargo, estas medidas han sido interpretadas como una estrategia de distracción frente a la creciente crisis de gobernabilidad.
La represión y el discurso de mano dura pueden afianzar el poder a corto plazo, pero también profundizar la fractura social
Con siete presidentes en menos de diez años, Perú sigue atrapado en una espiral de desconfianza institucional y desafección ciudadana. La crisis actual combina elementos antiguos —corrupción, desigualdad, violencia policial— con un nuevo protagonista: una generación joven que reclama otro tipo de país.
El desafío de Jerí es enorme. Si no logra recomponer la relación con la sociedad civil y el Congreso, su mandato podría terminar antes de cumplir un mes.
En un país exhausto por la inestabilidad, cada protesta parece anunciar la caída de otro presidente
José Jerí gobierna en un contexto de deslegitimación total, sin base política sólida ni respaldo popular. Su supervivencia dependerá de su capacidad para frenar la represión, abrir canales de diálogo y dar señales reales de cambio. Si no lo hace, su presidencia pasará a la historia como otro episodio efímero en la larga crisis del Perú.
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