La medida busca cumplir con las exigencias de la Unión Europea (UE) y lograr la salida del país de su lista de jurisdicciones no cooperantes.
La iniciativa será el eje central de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, convocadas por el presidente José Raúl Mulino entre el 4 de mayo y el 4 de junio, en un intento por acelerar la aprobación del proyecto.
El Ejecutivo panameño sitúa esta reforma como una de las más relevantes en materia fiscal en los últimos años, en un contexto de presión internacional para reforzar la transparencia tributaria.
Panamá plantea un impuesto del 15% a multinacionales sin sustancia económica para cumplir con exigencias de la UE
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que la aprobación de esta ley es el elemento “más importante” exigido por la UE para retirar a Panamá de su lista negra fiscal, en la que el país sigue incluido como única jurisdicción del bloque europeo.
Chapman considera que, si el Parlamento aprueba la norma en los términos actuales, Panamá podría salir del listado en la próxima revisión prevista para octubre de 2026, o como máximo en la siguiente evaluación de febrero de 2027.
El titular de Economía ha destacado que las conversaciones con la UE han sido constantes, aunque ha insistido en que el principio de territorialidad fiscal —que grava únicamente los ingresos generados dentro del país— no está sujeto a negociación.
El Gobierno confía en salir de la lista negra de la UE en octubre de 2026 si se aprueba la ley
El proyecto introduce modificaciones en el Código Fiscal y establece criterios para determinar la sustancia económica de las empresas, especialmente en relación con rentas pasivas de fuente extranjera.
Esto implica que las multinacionales deberán demostrar presencia real en Panamá, incluyendo empleados, gastos operativos y actividad económica efectiva, aunque sea a pequeña escala.
El Ministerio de Economía y Finanzas subraya que el objetivo es reforzar el sistema tributario nacional y alinearlo con estándares internacionales.
El Gobierno defiende que la medida no supone una penalización arbitraria, sino que responde a un estándar global ya aplicado en otros países para combatir prácticas fiscales agresivas.
Según Chapman, tanto empresas ya instaladas como potenciales inversores han solicitado una normativa de este tipo, ya que permite reducir sanciones en sus países de origen y mejorar su operativa internacional.
Principales elementos de la propuesta:
| Elemento clave | Descripción |
|---|---|
| Impuesto propuesto | 15% sobre la renta bruta generada en Panamá |
| Empresas afectadas | Multinacionales sin sustancia económica demostrable |
| Objetivo principal | Salir de la lista negra de la UE |
| Requisito clave | Demostrar actividad real (empleados, gastos, operaciones) |
| Plazo estimado | Octubre de 2026 o febrero de 2027 |
La norma busca atraer inversión y reducir fricciones financieras para multinacionales
El Ejecutivo sostiene que la nueva legislación reducirá los costes operativos de las empresas en el ámbito internacional y facilitará la llegada de nuevas compañías interesadas en establecerse en Panamá, en un contexto de creciente presión global por la transparencia fiscal.
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