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WWF denuncia el tráfico ilegal masivo de atún rojo a través de Panamá

Un informe de WWF revela que, entre 2000 y 2010, se comercializaron casi 19.000 toneladas de atún rojo en peso vivo vía Panamá sin haber sido declaradas a ICCAT, el organismo internacional que regula esta pesquería. Esta organización ecologista dice haber descubierto que “junto a Panamá, varias empresas de países mediterráneos, incluyendo España, Italia y Marruecos, Túnez y Turquía, estaban implicados, además de Japón. Un informe de WWF revela que, entre 2000 y 2010, se comercializaron casi 19.000 toneladas de atún rojo en peso vivo vía Panamá sin haber sido declaradas a ICCAT, el organismo internacional que regula esta pesquería. Esta organización ecologista dice haber descubierto que “junto a Panamá, varias empresas de países mediterráneos, incluyendo España, Italia y Marruecos, Túnez y Turquía, estaban implicados, además de Japón.

Basado en datos oficiales de comercio y aduanas, el estudio de WWF ha descubierto que “se comercializaron 14.327 toneladas de atún rojo durante una década a través de Panamá, lo que equivale a 18.704 t de pescado vivo”.

“Este atún rojo, que no ha sido declarado, ha sido exportado a Panamá desde países de la cuenca mediterránea, como España, Italia, Marruecos, Túnez y Turquía. Al tiempo que Panamá lo reexporta a Japón, hasta alcanzar las 13.730 toneladas de atún rojo procesado. Las anomalías que afectan a empresas de España en esta investigación se detectaron únicamente para el año 2004”, señala WWF.

El comercio detectado alcanzó su momento álgido en 2003 y 2004, con cantidades que oscilan entre 3.000 y 4.000 t. al año. Cabe recordar que esta práctica ha continuado hasta 2010, aunque en menor grado.

“Según los registros disponibles, ningún embarque identificado por el informe fue nunca declarado a ICCAT, el organismo internacional que regula esta pesquería” añadió Raúl García, Coordinador de pesquerías en WWF España. Y apunta: “Si se confirma esta información, estaríamos hablando de pesca ilegal, no declarada y no regulada según las normas de la FAO de Naciones Unidas y estaría equiparado con un delito ambiental”.

Todos los países involucrados, que menciona el estudio, eran Miembros de ICCAT en el momento en que se estaban produciendo estas operaciones ilegales. Según las reglas de ICCAT aplicadas durante el periodo del informe, cualquier operación comercial internacional relacionada con el atún rojo tenía que estar debidamente declarada, para permitir que sus datos se pudieran cruzar con los de captura.

El comercio no declarado de atún rojo a través de Panamá, ni siquiera registrado por las aduanas de este país, podría haber tenido lugar sin necesidad de que el pescado fuera físicamente embarcado en Panamá. Simplemente, buques de transporte con la su bandera y compañías intermediarias con base en este país podrían haber mediado entre los países productores y el mercado final en Japón.

“Es la primera vez que se analiza un caso así y probablemente se trata de la punta del iceberg. Finalmente, hemos conseguido las pruebas de una situación que era conocida desde hace muchos años por el propio ICCAT”, apunta Raúl García. Y continúa: “Tenemos serias sospechas de que la pesca y el comercio ilegal sigue siendo una amenaza para la recuperación del atún rojo. Por esta razón, WWF pide que no se aumenten sus cuotas de pesca, siguiendo las recomendaciones científicas, y que se eliminen este tipo de prácticas”.

Según el ICCAT, las actividades de pesca ilegales, no declaradas y no reguladas de atún rojo, conocidas por sus siglas en inglés como IUU, tuvieron su pico máximo en 2007. Ese año se capturaron unas 61.000 toneladas, lo que suponía más del doble de la cuota establecida. Hay consenso acerca de que las capturas recientes se han reducido significativamente, pero aún se desconoce la cantidad real de pescado que sigue siendo capturada.

Por ello, WWF hace un llamamiento a ICCAT, a los países identificados en el estudio y a la UE, para “que pongan en marcha una investigación seria que permitiría bien descartar o bien refrendar las sospechas de actividades ilegales que se apuntan en el estudio”.

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