Ante una audiencia entregada, la ex dirigente insistió en que existían varias razones que explicarían el «golpe», pero que la principal radicaba en que Brasil se resistía a formar parte del sistema neoliberal que imperaba en el mundo. La ex presidenta brasileña Dilma Rousseff recalcó ayer desde Berlín que fue víctima de un «golpe judicial-parlamentario» pensado para poner fin a un Gobierno que generaba incomodidad a escala internacional porque no se ajustaba al «sistema que prevalecía en el resto del mundo».
«El golpe no fue dado solo contra mí, sino contra la sociedad brasileña, contra la nación brasileña y contra las personas más pobres de mi país», afirmó en un acto organizado por la Fundación Friedrich Ebert en la Universidad Libre en la capital alemana.
Ante una audiencia entregada, la ex dirigente insistió en que existían varias razones que explicarían el «golpe», pero que la principal radicaba en que Brasil se resistía a formar parte del sistema neoliberal que imperaba en el mundo.
«Cuando en 2003 llega Lula al poder interrumpe el proceso de flexibilización del mercado de trabajo. Además, Brasil no había completado el proceso de privatización de empresas públicas, a diferencia de otros países de América Latina y teníamos bancos públicos que daban estabilidad y posibilidad de hacer políticas de inclusión social», argumentó.
Rousseff se defendió además de la acusación que pesa sobre ella de haber manipulado los presupuestos, alegando que constituye una práctica «extremadamente usual en Brasil y en cualquier país de América Latina».
«No participé de los préstamos que el Banco de Brasil hacía al sector agrícola. Nunca firmé un papel. No tengo una responsablidad clara», manifestó durante el acto celebrado en Berlín en el que se debatía sobre el controvertido papel que en la actualidad juega la justicia brasileña en la lucha contra la corrupción.
La ex mandataria, que fue recibida en Berlín por centenares de personas al grito de «Dilma, guerreira da pátria brasileira» (Dilma, guerrera de la patria brasileña), denunció además la intención de los opositores del Partido de los Trabajadores de sentar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante la justicia con el único objetivo de evitar que pueda concurrir a las elecciones presidenciales del próximo año.
«No interesa condenar a Lula, lo que interesa es que Lula no pueda concurrir a las elecciones de 2018. Que se mantenga su condena durante un tiempo para que no pueda presentarse a los comicios», precisó.
El carismático político brasileño, presidente entre 2003 y 2010, encabeza en la actualidad con gran diferencia, más de 20 puntos porcentuales, las preferencias de los brasileños para las elecciones presidenciales de 2018.
Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores, tuvo que dejar la presidencia el año pasado después de un controvertido proceso de destitución y tras ser acusada de haber manipulado los presupuestos para ocultar el verdadero déficit fiscal.
En opinión de sus simpatizantes, su precipitada salida del Gobierno brasileño se debió a un «golpe» orquestado por sus rivales políticos, a quienes acusan de maniobrar con el objetivo de situar a Michel Temer, el actual presidente de Brasil, en el poder.
Temer asumió la jefatura de Estado como vicepresidente de Rousseff, después de abandonar la coalición de Gobierno para apoyar el polémico juicio de «impeachment» contra la mandataria. A día de hoy, Rousseff todavía califica a su sucesor como «usurpador» y «traidor».
En septiembre, la ex dirigente que gobernó el gigante latinoamericano entre 2011 y 2016 fue denunciada por la Fiscalía General por cargos de «organización criminal» y «obstrucción a la Justicia».
