El presidente chileno, Sebastián Piñera, está dispuesto a modificar las condiciones actuales en que se desarrolla la distribución de electricidad en Chile, y a introducir un modelo de competencia que permita que los particulares puedan escoger la compañía a la que comprar la energía y baje los precios. Mientras, la aprobación del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, que prevé la construcción de cinco centrales hídricas para asegurar el suministro del país, ha topado con las críticas de ecologistas y con el rechazo ciudadano. El presidente chileno, Sebastián Piñera, está dispuesto a modificar las condiciones actuales en que se desarrolla la distribución de electricidad en Chile, y a introducir un modelo de competencia que permita que los particulares puedan escoger la compañía a la que comprar la energía y baje los precios. Mientras, la aprobación del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, que prevé la construcción de cinco centrales hídricas para asegurar el suministro del país, ha topado con las críticas de ecologistas y con el rechazo ciudadano.
Hidroaysén, que busca dar seguridad al suministro eléctrico chileno, ha sido acusado de costoso y de que tardará casi diez años en completarse. Ecologistas y opositores piden al Gobierno que dedique esos recursos a energías renovables u otros proyectos con menos impacto ambiental. El eco ha llegado a los ciudadanos, con protestas y manifestaciones en las principales ciudades del país.
Por otro lado, la reforma del sistema de distribución prevé poner en marcha un sistema de “multicarrier eléctrico”, que implica que clientes privados, particulares e industriales tengan la posibilidad de escoger a qué empresa compran su electricidad. En la actualidad, la distribución eléctrica en Chile se organiza en un monopolio natural regulado, en el que las compañías poseen áreas de concesión limitadas y tarifas prefijadas. Así se contempla en el paquete Plan de Impulso Competitivo, puesto en marcha por el Ministerio de Economía y que el Gobierno de Piñera está a punto de presentar.
Los deseos de Piñera se orientan a liberalizar ese monopolio, por lo que se prevé pagar a las distribuidoras por utilizar sus redes. Precisamente son estas distribuidoras las que contemplan el proyecto con inquietud, puesto que podría poner en peligro sus privilegios y porque ya firmaron contratos de hasta 15 años para distribuir la electricidad a un determinado precio y en unas determinadas condiciones.
Por ahora, las dudas son muchas, y pocos los detalles revelados. El objetivo final del proyecto parece ser crear un mercado sólido y competitivo, y abaratar los precios finales que pagan los clientes, gracias a la competencia que se produciría entre las empresas del sector.
En ese sentido, Francisco Aguirre, experto de Electroconsultores, ha declarado al diario chileno La Tercera que «como su remuneración dependerá de la calidad de servicio, las comercializadoras tendrán incentivos para que exista seguridad, continuidad y buenos precios y competirán en el abastecimiento de los clientes. Mientras más grandes sean los paquetes contratados con un generador, mayores serán los descuentos al cliente final”.
