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Maduro prorroga el Decreto de Emergencia Económica en Venezuela

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió ayer noche el Decreto de Estado de excepción y emergencia económica, norma que la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) debe aprobar y rechazó ya en cuatro ocasiones anteriores. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió ayer noche el Decreto de Estado de excepción y emergencia económica, norma que la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) debe aprobar y rechazó ya en cuatro ocasiones anteriores.

“Con el objetivo de avanzar en acciones y planes para estabilizar la economía y proteger los derechos de los venezolanos, firmo la prórroga del Decreto”, dijo el mandatario durante la emisión del programa ‘En Contacto con Maduro’, trasmitido por Venezolana de Televisión desde el Museo de Bellas Artes, en esta capital.

“Prolongo la emergencia por otros 60 días en todo el país, de forma constitucional, para seguir gobernando contra la guerra económica, continuar atendiendo y apoyando los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Distribución) e impulsar inversiones junto con las empresas públicas y privadas”, informó.

Para Maduro, “la activación de ese poder constitucional garantiza los programas sociales de la Revolución Bolivariana y los derechos del pueblo”, comentó, antes de indicar la publicación del Decreto en la Gaceta Oficial.

Aplicado desde enero último, el Decreto de Estado de excepción y emergencia económica forma parte de las acciones impulsadas por el Ejecutivo, para proteger al pueblo de las arremetidas perpetradas por la derecha por medio de la guerra no convencional.

La declaración de emergencia, entre otras atribuciones, permite al Gobierno Bolivariano disponer de recursos, bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad.

El Parlamento desaprobó y consideró inconstitucional el Decreto, más sus sucesivas prolongaciones, pero en cada una de esas oportunidades el Tribunal Supremo de Justicia legitimó la prerrogativa del jefe de Estado.

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