Los últimos cambios en la ejecutiva del Gobierno no han servido para apaciguarlos. Más bien al contrario, los movimientos sociales bolivianos, aliados hasta hace poco de Evo Morales, se han mostrado muy críticos con el mandatario. Le achacan ser un títere en manos del vicepresidente Álvaro García Linera o de vivir en un país “de puras cifras”. Mientras tanto, Luis Arce, ministro de Economía, insiste en la necesidad de abrir un dialogo público sobre la reforma del sector petrolero, tema que ha generado mayores críticas. Los últimos cambios en la ejecutiva del Gobierno no han servido para apaciguarlos. Más bien al contrario, los movimientos sociales bolivianos, aliados hasta hace poco de Evo Morales, se han mostrado muy críticos con el mandatario. Le achacan ser un títere en manos del vicepresidente Álvaro García Linera o de vivir en un país “de puras cifras”. Mientras tanto, Luis Arce, ministro de Economía, insiste en la necesidad de abrir un dialogo público sobre la reforma del sector petrolero, tema que ha generado mayores críticas.
Después de que el presidente boliviano realizara este fin de semana una mínima remodelación de su Gabinete, Celestino Condori, dirigente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), ha sido el primero en confirmar el malestar de los sectores indigenistas. Tras asegurar que sería necesario un referéndum para revocar el mandato del vicepresidente Álvaro García Linera, Condori explicó que, bajo el punto de vista de su organización, es él quien gobierno tras bastidores y por tanto es a García Linera, “capitalista andino”, a quien hay que apartar de su cargo.
El Comcipo consideró además que al presidente Evo Morales le falta decisión para cambiar a los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti; de Autonomías, Carlos Romero; de Economía Luis Arce Catacora y de la Presidencia, Óscar Coca, a quienes calificó de ser oportunistas. Condori responsabilizó al gabinete de ministros de los «errores económicos» que precipitaron a Evo Morales a lanzar el decreto 748, más conocido como gasolinazo.
Pero el Comcipo no es el único grupo indigenista que profiere este tipo de críticas. El ejecutivo del Consejo de Ayllus y Marqas del Qollasuyo (Conamaq), Rafael Quispe, lamentó ayer que en el informe anual del presidente Evo Morales se hablase únicamente de cifras. «Morales y su entorno viven en un país distinto cuando dice que en Bolivia todo anda bien, hay superávit, no hay crisis económica. Nosotros habíamos manifestado lo contrario porque sólo se preocupan de las ciudades y no del campo».
Quispe sostuvo que la inversión en el campo, como reconoció el propio Morales en su informe, es mínima y pidio al Gobierno que centre su atención en este sector. A su vez, recordó la especulación consecuencia del fallido gasolinazo que ha afectado el bolsillo de la población. «Si bien los productos como el azúcar, arroz, harina están sobre las nubes, sin embargo la papa, quinua no han subido se sigue manteniendo», manifestó Quispe, que finalizó criticando duramente al gabinete Morales. «¿No le dará pena al Gobierno indígena abusar del pueblo con una medida neoliberal? Lo que el pueblo está reclamando es justo».
Sin embargo, tal y como ha asegurado el Ministro de Economía, Luis Arce, lo que el pueblo está reclamando podría ser peligroso para el país. Lo cierto es que tras la retirada del llamado gasolinazo, un intento por subir entre un 57 y un 83% el precio del gasóleo, Bolivia va a tener que seguir afrontando los subsidios que buscan abaratar el coste de este hidrocarburo. El Estado boliviano, con problemas para gestionar correctamente las reservas petroleras del país, pierde cada año cerca de 300 millones de dólares a causa de estas subvenciones.
Según los datos aportados, el país mantiene congelado el precio del barril de crudo en 27,11 dolares desde el año 2004. El 1 de enero del año pasado, el presidente Evo Morales aseguró que el costo de producción por barril es de aproximadamente 60 dólares, de los cuales los operadores del sector reciben solamente 10,29 dólares como utilidad. Por otro lado, Bolivia importa diesel y gasolina para abastecer el mercado interno y subvenciona su venta.
“Con un precio de 90 dólares (para el barril de petróleo), estamos en problemas. Con un precio de 100 dólares, que es lo que los analistas internacionales han comenzado a pensar que va a cotizarse el petróleo, la situación es mucho más complicada”, dijo ayer la autoridad de Gobierno.
Como respuesta, la asunción del ministerio de Hidrocarburos por parte José Luis Gutiérrez, hasta ahora viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, marca cierta distancia con la época anterior. Las dificultades de Bolivia para el autoabastecimiento de petróleo (aun teniendo las reservas necesarias), así como la deuda creciente que generan las subvenciones al gasóleo, hacen necesario un cambio en la política del gobierno en este sector.
En las semanas precedentes, varios expertos han solicitado a Morales la reforma de la Ley de los Hidrocarburos. Según dichas voces, la solución del problema, al menos una de ellas, sería permitir el retorno al país de las petroleras internacionales. Ecuador, con la firma de nuevos contratos en los que el petróleo extraído en el país pasa a ser del Estado y las petroleras cobran una parte por su trabajo, puede haber marcado el camino. Morales, con el cambio de ministro, podría tomar ejemplo.
Lo cierto es que YPFB, la petrolera estatal boliviana, no logra dar asistencia a la demanda, no demasiado alta, de gasóleo dentro del país. Al igual que sucede con la extracción de litio, mineral de cuyas reservas mundiales andino contaría con un 70%, Bolivia no cuenta con la capacidad de inversión necesaria para explotarlo de manera optima. Necesita por tanto de la inversión externa para hacerlo, algo que podría forzar a Morales a cambiar de estrategia, en contra incluso de sus presupuestos electorales.
