El Gobierno de Cristina Fernández ha promulgado una ley que permite la emisión de nuevos bonos en el mercado local, en otro paso más hacia la reapertura de la reestructuración de la deuda. Esto ha producido un gran optimismo entre los inversores argentinos que han visto como las acciones y los bonos de Argentina han subido ante un mejor clima de los negocios. El Gobierno de Cristina Fernández ha promulgado una ley que permite la emisión de nuevos bonos en el mercado local, en otro paso más hacia la reapertura de la reestructuración de la deuda. Esto ha producido un gran optimismo entre los inversores argentinos que han visto como las acciones y los bonos de Argentina han subido ante un mejor clima de los negocios.
Al cierre de esta edición los bonos subían un 0,8% y el riesgo país argentino realizado por la banca de inversión JP Morgan y que mide el diferencial de tasa entre bonos locales y similares de EEUU caía 15 puntos básicos a 779 unidades.
Además, entre las mejoras en experimentadas por la Bolsa se destacaban las acciones de Banco Macro con un alza del 1,9% y las de Banco Hipotecario con un avance del 1,63%.
El pasado mes de septiembre Argentina avanzaba en las negociaciones para el canje de la deuda que mantiene vigente, con la emisión de un nuevo bono en pesos denominado «Bonar 2015».
Más tarde en octubre, el ministro de Economía, Amado Boudou, anunció que el Gobierno había encargado a los bancos Barclays, Citi y Deutsche avanzar en negociaciones con los inversores que no aceptaron ingresar a la reestructuración del 2005, que concluyó con el canje de cerca de 100 000 millones de dólares.
Con este anuncio de la mandataria argentina se suspende la llamada «Ley Cerrojo», que impedía reabrir la reestructuración de deuda realizada cuatro años atrás.
Argentina prácticamente no tiene acceso a los mercados voluntarios de deuda desde que cayó en cesión de pagos por unos 100.000 millones de dólares en el 2002, pese a la reestructuración del 76% de esos títulos tres años después.
El Gobierno acude habitualmente a entidades públicas superavitarias, como el ente estatal de pensiones y el oficial Banco Nación, para obtener fondos y cancelar deuda.
