Los ‘indignados’ peruanos se manifiestan en contra de la corrupción

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Las revueltas en Brasil comienzan a hacer mella en Perú, donde un movimiento incipiente sacó a la calle a unos 2.500 jóvenes para protestar por la incompetencia o militancia política de algunos magistrados del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo. Tras dos horas de manifestación en las calles del centro de la capital peruana, el ataque de la policía puso fin a la movilización pacífica de más de 2.500 jóvenes, a quienes solo se les permitió llegar a unos 300 metros de distancia del Congreso, que se encuentra al frente de la antigua Biblioteca Nacional. Además de las congregaciones en la calle, los jóvenes llenaron la red social Twitter con las protestas contra el Parlamento, registradas con las etiquetas #22J y #tomalacalle, para exigir, por segunda vez en la semana, una nueva elección de magistrados del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo. Todo se debe a la noticia destapada de que varios de los elegidos por el Legislativo el miércoles pasado no son aptos para el cargo, ya sea por militancia partidaria o por incompetencia profesional.

La manifestación empezó a las seis de la tarde en la plaza San Martín del centro de Lima. En varias partes de la plaza, los grupos coreaban lemas distintos: “Recuperemos el país ahora”, “Congreso y Tribunal: vergüenza nacional”, “Perú, te quiero, por eso te defiendo”, “Abajo los narcoindultos”, “No nos representan”, “Ollanta mentiroso”… Un hombre aprovechaba para vender pequeños adhesivos con la bandera nacional y la frase más repetida de la semana: “No a la repartija”.

Además, mientras un grupo cantaba el himno, otros manifestantes ‘indignados’ explicaban su presencia allí mediante megáfonos. “Pedimos que se acabe la repartija, fuera los corruptos”, pidió el joven historiador Gabriel Salazar al aludir al mecanismo que usaron cuatro partidos políticos en el Congreso para llegar a un consenso: tres magistrados al Tribunal Constitucional propuestos por Gana Perú (el partido del oficialismo); dos por el fujimorismo, uno por el Partido Popular Cristiano, y la defensora del Pueblo, una abogada propuesta por Perú Posible. Los reemplazos debían haber sido designados hace más de un año en algunos casos.

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