Dudo mucho que en las circunstancias actuales el gobierno esté dispuesto a aceptar la existencia de un mercado libre de divisas que sirva como marcador de precios y como termómetro del desempeño de la economía y de la calidad de la gestión gubernamental. Demanda. Oferta. Liquidez. ¿Qué puede pasar con el esquema cambiario? Dudo mucho que en las circunstancias actuales el gobierno esté dispuesto a aceptar la existencia de un mercado libre de divisas que sirva como marcador de precios y como termómetro del desempeño de la economía y de la calidad de la gestión gubernamental.
El gobierno anunció ayer el nacimiento del SIMADI, un nuevo mercado oficial de divisas que tiene como objetivo sustituir al mercado paralelo y bajar las presiones que el mismo genera sobre los precios de los bienes y servicios en nuestro país. En teoría, el SIMADI debería ser capaz de lograr su objetivo. Al fin y al cabo, el precio del dólar en el mercado paralelo es mayor que su valor de mercado por el simple hecho de ser ilegal. Convertirlo en legal debería entonces, por sí solo, hacerlo bajar de precio. Pero nuevamente, eso es en teoría, y como dijo alguna vez Yogi Berra: “En teoría, no existe diferencia entre la teoría y la práctica, pero en la práctica sí.” Veamos por qué.
El mercado arrancará con una gran demanda de divisas producto de:
1) La enorme masa de bolívares represada en el sistema financiero que pierde aceleradamente su valor como consecuencia de la regulación de las tasas nominales de interés en un ambiente de altísimas y crecientes expectativas de inflación.
2) Una demanda represada por la baja oferta de divisas durante los últimos meses.
3) Los bajos niveles de inventario en el país.
4) La incertidumbre económica y política reinante en el país, agudizada recientemente por la caída de los ingresos petroleros, por los crecientes niveles de escasez y por el incremento esperable de la conflictividad.
La oferta de divisas al SIMADI, por su parte, estará restringida por:
1) La fuerte caída de los precios del petróleo.
2) Las dificultades de acceso al financiamiento internacional.
3) El consumo de divisas por parte de las importaciones petroleras.
4) La decisión de no recortar las importaciones no petroleras públicas
5) el consumo de divisas por parte de Cencoex.
6) Los pagos de capital e intereses de la deuda externa.
En este contexto, es natural esperar que la demanda supere con creces a la oferta y por tanto, que el precio de equilibrio del SIMADI sea sumamente alto.
Frente a esa realidad, el Gobierno tendría tres opciones:
1) Aceptar el precio resultante como el precio del mercado, publicarlo de manera transparente y aceptarlo como referencia para la fijación de precios.
2) Ofertar parte de los limitados recursos líquidos con los que cuenta para presionarlo puntualmente a la baja pero deteriorando su capacidad financiera futura.
3) Limitar la demanda de divisas en la subasta y convertirlo en un sistema de asignación, tal y como hizo con el SICAD II.
La segunda opción es claramente suicida, ya que promovería una estampida de tenedores de bolívares buscando canjearlos en dólares. Con respecto a la primera opción, dudo mucho que en las circunstancias actuales el gobierno esté dispuesto a aceptar la existencia de un mercado libre de divisas que sirva como marcador de precios y como termómetro del desempeño de la economía y de la calidad de la gestión gubernamental. El precio tendría además que ser lo suficientemente elevado para convencer a los grandes tenedores de bolívares (los depósitos en el sistema financiero están altamente concentrados en grandes empresas) de quedarse en bolívares en un entorno de altísima inflación y tasas de interés ridículamente bajas. De lo contrario, y suponiendo que existen divisas suficientes, se cambiarían a dólares y provocarían al hacerlo una crisis bancaria. Eso nos deja con la tercera opción, que no es otra que la de rebautizar el SICAD II como SIMADI. Como dice el refrán, “el mismo musiú con diferente cachimbo”.
