Sebastián Piñera, tras anunciar ayer su predisposición a modificar la Constitución para atender las demandas de los estudiantes, ha entregado a los líderes de las protestas, a través de su Ministro de Educación, Felipe Bulnes, un documento con 21 puntos para garantizar el acceso a la educación y mejorar sus recursos financieros. Sin embargo, no elimina el lucro como motor de las universidades. Mientras la actualidad informativa se focaliza en el conflicto estudiantil, los mineros de Escondida, la mayor explotación de cobre del mundo, cumplen ya doce días de huelga que están pasando factura a la economía chilena por la importancia capital del yacimiento. Sebastián Piñera, tras anunciar ayer su predisposición a modificar la Constitución para atender las demandas de los estudiantes, ha entregado a los líderes de las protestas, a través de su Ministro de Educación, Felipe Bulnes, un documento con 21 puntos para garantizar el acceso a la educación y mejorar sus recursos financieros. Sin embargo, no elimina el lucro como motor de las universidades. Mientras la actualidad informativa se focaliza en el conflicto estudiantil, los mineros de Escondida, la mayor explotación de cobre del mundo, cumplen ya doce días de huelga que están pasando factura a la economía chilena por la importancia capital del yacimiento.
Tras el paso adelante dado por Piñera, los estudiantes han anunciado que estudiarán sus propuestas, aunque parece difícil que vaya a llegarse a un acuerdo, al menos a corto plazo, por la no inclusión en los 21 puntos del fin del lucro en las universidades, una de las reclamaciones que más han defendido los protestantes. Sin embargo, lo que sí parece claro es que los líderes de profesores y estudiantes valoran la predisposición de Bulnes, mientras que critican el excesivo inmovilismo de su antecesor, Joaquín Lavín, retirado por Piñera de su cargo en la última remodelación ministerial por la fuerte caída de su popularidad en las pasadas semanas.
El sistema educativo chileno ha sido heredado por la democracia de la dictadura de Augusto Pinochet y mantiene unas elevadas tasas que impiden a los estudiantes con menos recursos acceder a la educación superior. Si lo hacen, deben soportar varios años de alto endeudamiento para poder pagar sus estudios. Además, los estudiantes reclaman que el Estado se ocupe del sector, y no los municipios, lo que parece que ha calado en Piñera, que se prepara para modificar la Constitución chilena.
Sin embargo, el estudiantil no es el único frente que Piñera tiene abierto. Los mineros de Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, se mantienen a la espera de que BHP Billiton, la empresa que gestiona la mina, les contacte para iniciar unas negociaciones que pongan fin a doce días de huelga. Los trabajadores exigen el pago de un bono por empleado de 8.800 dólares, algo a la que compañía se opone ya que podría sentar un precedente que animara a otros mineros a seguir el ejemplo. Escondida produce el 7% del cobre total mundial, por lo que su importancia es estratégica para la economía chilena, que podría resentirse si el paro se mantiene.
Marcelo Tapia, representante del sindicato de trabajadores en huelga, ha señalado a los medios que «reiteramos nuestra actitud y nuestra voluntad de alcanzar una solución al conflicto. El acercamiento mutuo entre la compañía y el sindicato podría producirse en cualquier instante. Esperamos que así sea».
La presión de estudiantes y mineros puede ser provocar una caída aún mayor de la popularidad de Piñera, cuya aceptación alcanzó un depauperado 31% según las últimas encuestas hechas públicas. Tras la huelga general que hace dos semanas pueso en marcha Codelco y las sucesivas manifestaciones estudiantiles han mermado la imagen de un Gobierno en el que Piñera se ha visto obligado a efectuar cambios recientemente. Un enquistamiento de la situación podría ser fatal para el presidente conservador.
