La Justicia europea declara ilegal el veto de Portugal a la compra de Vivo por Telefónica

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on telegram
Share on email

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) declaró hoy ilegal la acción de oro que el Estado portugués mantiene sobre Portugal Telecom y que usó la semana pasada para vetar la venta del 30% de la brasileña Vivo a Telefónica. El Gobierno de José Sócrates, ha asegurado que acatará la decisión del tribunal europeo, aunque ha añadido un matiz: “El Ejecutivo siempre buscará el interés nacional”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) declaró hoy ilegal la acción de oro que el Estado portugués mantiene sobre Portugal Telecom y que usó la semana pasada para vetar la venta del 30% de la brasileña Vivo a Telefónica. El Gobierno de José Sócrates, ha asegurado que acatará la decisión del tribunal europeo, aunque ha añadido un matiz: “El Ejecutivo siempre buscará el interés nacional”.

El fallo allana el camino a Telefónica para adquirir la primera operadora de móviles de Brasil. La oferta del gigante español de las telecomunicaciones, aprobada por el 73,9% de los accionistas de Portugal Telecom, fue bloqueada por la decisión del Gobierno portugués de ejercer la acción de oro.

El presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durao Barroso, aplaudió hoy la decisión del TUE porque confirma las tesis de Bruselas de considerar “antimercado” las acciones de oro, ya que van en contra del principio de libre circulación de los mercados.

Esta mañana antes de conocerse el fallo, Portugal Telecom anunció en un comunicado al regulador bursátil luso que quiere dialogar con la operadora española y a analizar “opciones ventajosas para todas las partes” después de que Telefónica mostrase ayer por la noche su disposición a buscar soluciones para “llevar a buen fin” la adquisición de Vivo. La compañía que preside César Alierta ofrece 7.150 millones de euros a la firma portuguesa por el 50% de Brasicel, sociedad con la que ambas controlan el 60% de Vivo. La oferta espira el próximo 16 de julio.

Ambas compañías están dispuestas a resolver el asunto a corto plazo y el mercado y los analistas han comenzado a especular ya con algunas posibilidades.

Mientras que ING espera que el acuerdo final “no difiera sustancialmente” de la oferta de Telefónica más reciente, el Banco Português de Investimento (BPI) cree que una de las soluciones podría ser la opción de que PT adquiera una participación en la posible nueva compañía de Telefónica en Brasil, fruto de la fusión de Vivo con su filial de telefonía fija, Telesp. Esta posibilidad, según estos expertos, permitiría que la operadora portuguesa conservara una posición significativa en el mercado brasileño, y le daría tiempo para buscar otra solución en el país latinoamericano si ésta no resultara adecuada.

De hecho, la prensa brasileña aseguraba hace pocos días que Banco Espirito Santo (BES), que cuenta con un 7,9% del capital de PT, y Ongoing, propietario del 6,74% de sus acciones, promueven alternativas para la operadora lusa en el mercado brasileño, como la compra de Oi.

Sin embargo, fuentes cercanas a las negociaciones consultas por EL BOLETÍN aseguran que el Gobierno de José Sócrates sólo admitiría una opción que le permitiera asegurarse algún tipo de flujo financiero constante, para que PT no vea diluido su valor bursátil.

Los estatutos de Portugal Telecom fueron aprobados en 1995, cuando el Estado portugués mantenía la titularidad del 54,2% del capital social. En ellos se prevé que el capital social estará compuesto de alrededor de mil millones de acciones ordinarias y de 500 acciones privilegiadas, las acciones de oro, que deben ser mayoritariamente propiedad del Estado o de otros accionistas públicos y les corresponden determinados privilegios. El Estado luso vendió todas sus acciones posteriormente, excepto las de ‘oro’. La Comisión Europea denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE estos derechos especiales y hoy los ha declarado ilegales.

La sentencia declara que Portugal ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales. El fallo judicial recuerda que estas medidas nacionales sólo pueden justificarse, en particular, por las razones mencionadas en el Tratado como la seguridad jurídica, siempre que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que pretenden lograr y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo.

TE PODRÍA INTERESAR

DEJA UNA RESPUESTA