Los titulares que pueden leerse hoy en las portadas de los diarios online españoles, donde se asegura que la Audiencia Nacional investiga a Botín por delitos evasión fiscal quizá puedan venirle bien a alguien. Sin embargo, el asunto no es para tanto. La Fiscalía se ha visto obligada a denunciar al banquero español para evitar que un viejo asunto prescribiese. De esta forma sortean las críticas de quienes pudiesen considerar la prescripción como un error grave de la administración judicial. Los titulares que pueden leerse hoy en las portadas de los diarios online españoles, donde se asegura que la Audiencia Nacional investiga a Botín por delitos contra Hacienda, pueden venirle bien a alguien. Sin embargo, el asunto no es para tanto. La fiscalía se ha visto obligada a denunciar al banquero español para evitar que un viejo asunto prescribiese. De esta forma sortean las críticas de quienes pudiesen considerar la prescripción como un error grave de la administración judicial.
El juicio es otro factor añadido a una semana que se inició en España con las acusaciones del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, al sector financiero. Gómez relacionó las malas prácticas de los bancos en el sector inmobiliario con el espectacular aumento del paro. Además, la noticia ha saltado un día antes de que el Banco Santander celebre su junta de accionistas. Eso sí, en todo momento, ha quedado claro que la investigación judicial no tiene relación alguna con el banco. Se trata de una historia familiar con raíces en la década de los Treinta del siglo pasado.
En definitiva, lo sucedido es que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y los cinco hijos de cada uno de ellos por unas viejas cuentas en Suiza. Un portavoz de la familia ha asegurado que está al corriente de todas sus obligaciones fiscales y que en 2010 regularizó voluntariamente la situación.
Según han explicado fuentes de la familia de banqueros, tras el estallido de la Guerra Civil en 1936, el padre de Emilio Botín salió de España con parte de su patrimonio, que fue depositado en una fundación creada en Suiza con su nombre y gestionada desde entonces y hasta la actualidad por varios administradores profesionales.
El año pasado, y tras la petición de enviada por la Agencia Tributaria, la familia Botín tuvo la oportunidad de regularizar las cuentas y los bienes de su patriarca con pagos de 200 millones de euros. Según el artículo 305 del Código Penal, no incurren en delito fiscal las personas que pagan sus deudas con el fisco de forma voluntaria.
Aunque Hacienda aún está comprobando estas regularizaciones, Anticorrupción se ha visto obligada a iniciar acciones judiciales para evitar que prescriban las actuaciones relativas al ejercicio 2005, lo que se iba a producir el próximo 30 de junio. A partir de ahora, la investigación de la documentación fiscal presentada correrá a cargo de dos peritos de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria. Ellos serán los responsables de confirmar si los denunciados han regularizado su situación fiscal.
El origen del caso se remonta a 2006, cuando un empleado del HSBC Private Bank robó los datos de 24.000 clientes que tenían su dinero en el paraíso fiscal de Suiza y se los pasó, cuatro años después, a las autoridades francesas. La Hacienda gala investigó a los contribuyentes de este país que aparecían en la lista por un presunto delito de evasión fiscal y trasladó a otros países, entre ellos España, la relación de sus nacionales con dinero en la filial del banco británico HSBC.
