La Fiscalía de Venezuela anunció el pasado domingo la liberación de la mayoría de los 243 jóvenes detenidos cuando acampaban en plazas y calles de Caracas en el marco de las protestas contra el Gobierno de Maduro. La Fiscalía de Venezuela anunció el pasado domingo la liberación de la mayoría de los 243 jóvenes detenidos cuando acampaban en plazas y calles de Caracas en el marco de las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Las movilizaciones han dejado 42 muertos, unos 800 heridos y 2.800 detenidos, 161 de los cuales permanecen detenidos.
Según un comunicado de la Fiscalía, recogido por Europa Press, ocho de los detenidos en la redada contra los campamentos fueron trasladados a una cárcel en el centro de Caracas y tres a los calabozos del servicio de inteligencia por delitos como «porte ilícito de arma de fuego», «incitación a la desobediencia», «daños violentos a la propiedad» y «agavillamiento» o asociación para delinquir.
A tres jóvenes se les dejó en libertad bajo fianza, 155 deberán presentarse periódicamente ante los tribunales y 15 de los imputados serán sometidos a tratamientos médicos para «su plena recuperación en cuanto al consumo de drogas».
Desde principios de febrero miles de venezolanos han salido a las calles para protestar por la inflación, que roza el 60 por ciento anual, el desabastecimiento de productos básicos como la leche y el papel higiénico y la delincuencia que, según la ONU, convirtió a Venezuela en el segundo país más violento del mundo.
El desmantelamiento el jueves de cuatro acampadas de protesta en zonas de clase media de la capital y los arrestos de manifestantes han reavivado las movilizaciones contra el Gobierno.
El sábado, miles de opositores marcharon por Caracas, en una jornada que terminó, como es habitual, con enfrentamientos entre jóvenes encapuchados armados con piedras y cócteles ‘molotov’ y policías antidisturbios que los dispersaron con gases lacrimógenos.
El Gobierno, con Maduro a la cabeza, sostienen que las protestas buscan derrocarlo, siguiendo el libreto de un golpe de Estado que alejó brevemente del poder a su antecesor, Hugo Chávez, en 2002.
La redada contra los campamentos llevó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a criticar el «uso excesivo de la fuerza» por parte del Gobierno, y contribuyó también a resucitar las protestas, que habían perdido intensidad en el último mes.