La petrolera argentina YPF, controlada por la española Repsol, ha llevado a los tribunales su disputa pública con el Gobierno de Cristina Fernández. La petrolera argentina YPF, controlada por la española Repsol, ha llevado a los tribunales su disputa pública con el Gobierno de Cristina Fernández. En una breve nota remitida a la Bolsa de Buenos Aires, la compañía asegura que ha interpuesto un recurso en contra de una resolución del regulador bursátil del país, que impugnó recientemente una reunión de su consejo.
En su resolución, la Comisión Nacional de Valores (CNV) declaró «irregulares e ineficaces» las conclusiones y decisiones que se adoptaron en la reunión de directorio de YPF del 23 de febrero pasado.
A juicio del regulador, no «aparece justificada» la decisión de la petrolera de impedir la participación en la reunión de directorio de representantes del Gobierno argentino que no ocupan formalmente sillas en ese órgano de dirección.
La CNV abrió un expediente contra la petrolera a instancias de una denuncia del único representante formal del Estado argentino en el directorio de la compañía, Roberto Baratta.
El día de la reunión del directorio, Baratta y el síndico suplente del Estado, Gustavo Mazzoni, se presentaron en la sede de YPF junto al secretario de Política Económica y viceministro de Economía, Axel Kiciloff; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens.
Los funcionarios solicitaron, sin éxito, participar en la reunión y rechazaron la oferta de mantener un encuentro con el presidente de YPF, el español Antonio Brufau.
La petrolera ha argumentado que «en aras de preservar la necesaria reserva y confidencialidad de las deliberaciones y decisiones de un directorio, sólo están habilitados para participar los miembros de éste que hayan sido elegidos por los accionistas», y sostuvo que su actuación fue «acorde y respetuosa» de las normas.
Este nuevo roce entre el Gobierno y la petrolera se produce en medio de una escalada de acusaciones por parte del Ejecutivo por una supuesta falta de inversión de la compañía y rumores nunca confirmados ni desmentidos, de una eventual nacionalización o intervención de la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.
