La noticia de la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, anunciada hoy por el Tribunal Supremo español se ha convertido ya en una serpiente informativa presente en los medios de comunicación del mundo. La noticia de la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, anunciada hoy por el Tribunal Supremo español se ha convertido ya en una serpiente informativa presente en los medios de comunicación del mundo.
A los pocos minutos de saltar la noticia a los teletipos globales, ya se había convertido en trending topic mundial en twitter. En este caso, los comentarios a favor y en contra, configuran una de las batallas más concurridas de la red social en los últimos meses.
Entre las reacciones de urgencia registradas destacan las sugerencias de algunos grupos proderechos humanos que, a través de la red, animan a Garzón a demandar a la justicia española ante los tribunales internacionales.
El motivo de la tormenta radica en que la Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación al interceptar las conversaciones que los cabecillas del caso Gürtel mantuvieron en la cárcel con sus abogados.
El Supremo ha citado hoy a Garzón para comunicarle su sentencia por las escuchas del caso Gürtel. Un dictamen que supone 11 años de inhabilitación para el magistrado que aún tiene otras dos causas abiertas en los juzgados.
El Alto Tribunal español ha notificado también a Garzón que esta sentencia no puede ser recurrida. Y ese es el motivo de las recomendaciones que se le hacen al juez español de que busque justicia fuera de su país de orígen.
Hoy mismo, antes de que se conociera la sentencia ya se habían producido algunos movimientos en los ámbitos jurídicos internacionales para apoyar a Garzón, aunque en este caso relacionados con la causa abierta contra el ya ex magistrado por haber abierto una investigación sobre los crímenes del franquismo.
En un comunicado muy crítico con la justicia española, un grupo de juristas expertos en derechos humanos del ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha defendido que la dudosa legalidad de procesar a Garzón.
Entre los firmantes se encuentra Gabriela Knaul, la relatora especiald e la ONU para la Independencia Judicial. En su opinión el ya ex magistrado mo puede ser condenado por abrir una causa que está en línea con el compromiso contraído por España de hacer respetar los derechos humanos e investigar los posibles crimenes en este ámbito en línea con los principios jurídicos internacionales vigentes al respecto.
Sin embargo, según algunos observadores, quizá el Supremo ha elegido esta causa para inhabilitar a Garzón porque no sería tan fácil de defender ante la justicia internacional como el caso del franquismo.
Como decíamos antes, la Sala Penal del Tribunal Supremo, presidida por Miguel Colmenero y compuesta por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, Manuel Marchena (instructor del caso de los cobros de Nueva York) y Luciano Varela (instructor de la causa contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo), ha condenado al juez, que estaba suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, por las escuchas del Gürtel.
Esta sentencia, la primera de los tres juicios a los que se enfrenta Garzón en el Supremo, se ha quedado en un punto intermedio de lo solicitado por Ignacio Peláez, defensor del empresario imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri, que pedía una pena de 10 años de inhabilitación, y por los letrados Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, abogados de Francisco Correa y Pablo Crespo, que solicitaban que la inhabilitación se prolongara entre 17 y 15 años.
La condena a Garzón no ha dejado a nadie indiferente. El secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, ha calificado la decisión del Supremo como algo “incomprensible” ya que el juez se ha convertido en el primer condenado por la trama Gürtel, algo que causará “conmoción” en la ciudadanía.
Mientras tanto, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha asegurado que “hoy es un día triste para la justicia española y para los demócratas” porque “los presuntos corruptos todavía no se han sentado en el banquillo”.
Por su parte, el PP ha expresado su “respeto” a las decisiones judiciales, como ha hecho siempre, “máxime cuando se trata de una sentencia del Tribunal Supremo”. En este sentido, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha indicado que “la única valoración” que había que hacer de todo esto es la referente al normal funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento del Estado de derecho. “El Gobierno, en este, como en todos los casos en los que haya un pronunciamiento del poder judicial, no hará nunca ningún tipo de valoración política”, ha asegurado.
