Venezuela creará una Bolsa de valores donde se comercializarán títulos del Estado y de las empresas públicas, como Pdvsa. Según los analistas consultados por Americaeconomica.com, este mercado se convertirá en una nueva fuente de dólares para el país. Aunque la ley ya está promulgada, la plaza financiera no estará totalmente operativa hasta diciembre, mes en el que el Gobierno de Hugo Chávez espera tener finalizado el reglamento técnico del parqué. Venezuela creará una Bolsa de valores donde se comercializarán títulos del Estado y de las empresas públicas, como Pdvsa. Según los analistas consultados por Americaeconomica.com, este mercado se convertirá en una nueva fuente de dólares para el país. Aunque la ley ya está promulgada, la plaza financiera no estará totalmente operativa hasta diciembre, mes en el que el Gobierno de Hugo Chávez espera tener finalizado el reglamento técnico del parqué.
Con esta nueva Bolsa, el Ejecutivo pretende estimular el ahorro en la economía venezolana y lograr así además que las empresas públicas del país consigan financiación. Según el borrador del proyecto de ley, aprobado ya en la Asamblea Nacional venezolana, además de las empresas estatales, las sociedades, los consejos comunitarios y las empresas privadas también estarán autorizados para vender deuda.
Recientemente, la Superintendencia Nacional de Valores, el órgano regulador de la nueva Bolsa pública, autorizó a la petrolera estatal Pdvsa para registrar en el nuevo mercado una emisión de 3.000 millones de dólares con vencimiento al 2017, en el primer paso para darle robustez. Los analistas esperan ahora que en las próximas semanas el Gobierno venezolano y otras empresas estatales, acudan a registrar sus valores a este nuevo mercado.
La redacción de esta nueva ley forma parte de un paquete de leyes financieras en las que se incluyen reformas bancarias, del mercado de valores, de los seguros y de la economía comunal, en un intento por cambiar el sistema económico actual por otro más socialista. Este viraje se enmarca dentro de un proceso de endurecimiento del control en el sector financiero, iniciado en 2009 a raíz de la crisis financiera que vivió el país en los últimos meses del año.
Entonces, el Ejecutivo comenzó a emitir resoluciones y reformas legales para controlar al mercado de valores, eliminó e intervino varias casas de Bolsa y aprobó una ley que imposibilitó a las que sobrevivieron a la reforma a realizar operaciones con títulos de la deuda pública Nacional o de empresas del Estado, como los Petrobonos.
Otra de las medidas con impacto en el sector financiero que ha adoptado el Gobierno venezolano ha sido la elaboración de una nueva ley inmobiliaria, que deberá ser aprobada próximamente por la Asamblea Nacional, en la que se exigirá a todos los sectores económicos colaborar con el plan masivo de construcción de viviendas. Chávez ha advertido que nacionalizará a aquellos bancos privados que no se sometan a esta nueva ley inmobiliaria.
Como respuesta, el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Juan Carlos Escotet, ha presentado una serie de propuestas para dinamizar el sector inmobiliario y alcanzar la meta de construir un millón de viviendas en cuatro años, para lo que deben sumar esfuerzos tanto el Estado como los promotores y la banca. “Queremos conversar sobre la invitación que hizo el presidente de la República al sector bancario para atender la enorme deuda social que Venezuela tiene en relación con el tema de la vivienda”, expresó Escotet.
Una de las propuestas de los bancos para dinamizar el sector inmobiliario es la de desarrollar un mercado secundario de hipotecas. Según Escotet, el sector tiene unos 25.000 millones de bolívares en cartera hipotecaria, que se podrían titularizar y negociar en la Bolsa, para asegurar recursos y financiar las adquisiciones de los nuevos desarrollos de vivienda. También propone fortalecer el mecanismo estipulado en la Ley de Política Habitacional mediante un aumento de un punto porcentual en el aporte que realizan tanto empresarios como trabajadores para elevar así el aporte total a 5%.
Además, el sector financiero también se enfrenta a Ley de Instituciones Bancarias, que obligará a cada entidad a destinar el 5% de sus beneficios brutos, antes de impuestos, “al cumplimiento de la responsabilidad social que financiará proyectos de Consejos Comunales u otras formas de organización social de las previstas en el marco jurídico vigente”. También cada banco tendrá que crear un Fondo Social para Contingencias, equivalente al 10% de su capital. Este monto será transferido a otra institución financiera en forma de fideicomiso, se usará como garantía de pago a los trabajadores en caso de quiebra o cierre.
