El Ministerio de Hacienda de El Salvador envió hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) un listado de más de 11.000 deudores a fin de que investigue y cobre más de 210 millones de dólares de impuestos no pagados al fisco en una década. Empresas de telefonía, construcción, alimentos y seguridad, se encuentran entre las señaladas. El Ministerio de Hacienda de El Salvador envió hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) un listado de más de 11.000 deudores a fin de que investigue y cobre más de 210 millones de dólares de impuestos no pagados al fisco en una década. Empresas de telefonía, construcción, alimentos y seguridad, se encuentran entre las señaladas.
Según Hacienda, los deudores tienen cuentas no pagadas de más de 100.000 dólares por más de 10 años. El corte ha sido realizado hasta el 30 de septiembre pasado.
Según el portal del Gobierno, Transparencia Activa, Hacienda reclama los impuestos adeudados de Impuesto del Valor Agregado (IVA), Renta, Retención de la Renta, Pago a Cuenta, Multas por Mora, Armas de Fuego, Productos Pirotécnicos, Bebidas Gaseosas y otras obligaciones tributarias varias.
Transparencia Activa asevera que la publicación realizada por Hacienda se hace en cumplimiento a los artículos 74, 188, 264, 265, 267 del Código Tributario, los cuales estipulan la obligación de publicar el listado de personas naturales y jurídicas que tienen una deuda firme, líquida y exigible.
El Gobierno difunde esta información en medio de un severo déficit de las finanzas públicas, sumado a que la oposición legislativa no ha querido dar sus votos para la aprobación de un préstamo internacional por 1.200 millones de dólares que le inyectaría recursos al Estado.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador, a julio pasado la deuda de corto plazo, que es principalmente en Letras del Tesoro (LETES), ascendió a 929,90 millones de dólares y el total de la deuda pública salvadoreña era de 17.175 millones de dólares.
Analistas locales e internacionales indican que la crisis económica local se debe a falta de diálogo y acuerdos entre las facciones políticas; escasa inversión nacional, así como alta evasión y elusión por parte de las empresas locales.
