El Tribunal Supremo español sienta en el banquillo a Garzón

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El magistrado Alberto Jorge Barreiro que instruye en el Tribunal Supremo español la causa contra Baltasar Garzón por ordenar la práctica de escuchas en prisión a los cabecillas de la ‘caso Gürtel’ ha ordenado hoy abrir juicio oral contra el juez. Con esta decisión, Barreiro ha dado por terminada la instrucción y sentará en el banquillo al mismo magistrado que inició el proceso contra esta trama de corrupción. El magistrado Alberto Jorge Barreiro que instruye en el Tribunal Supremo la causa contra Baltasar Garzón por ordenar la práctica de escuchas en prisión a los cabecillas de la ‘caso Gürtel’ ha ordenado hoy abrir juicio oral contra el juez. Con esta decisión, Barreiro ha dado por terminada la instrucción y sentará en el banquillo al mismo magistrado que inició el proceso contra esta trama de corrupción.

El constructor e imputado en este caso José Luis Ulibarri ha logrado que la querella que presentó en su día contra Garzón por ordenar la intervención de sus comunicaciones con su abogado mientras estaba en prisión ponga al juez contra las cuerdas. La Sala de lo Penal del Supremo admitió a trámite esta querella, a la que el resto de implicados se sumaron, y es, precisamente este mismo tribunal, el que ahora abre juicio oral contra el magistrado.

Barreiro asegura que Garzón tenía la finalidad de “obtener información de relevancia para el proceso, que no tenía seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos”. Por esto, según el magistrado del Supremo “decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales” que tenían los internos con sus abogados. Barreiro no se queda aquí e insiste en que el objetivo de Garzón era “obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación”, dada la confianza de los acusados del Gürtel “en la confidencialidad de las comunicaciones con su letrado”, según Europa Press.

Por todo esto, el juez de la Audiencia Nacional podría haber cometido un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. A pesar de esto, al concurrir ambos, sólo se aplicarán el de prevaricación.

Asimismo, Barreiro ha negado a la defensa de Garzón su petición para que el Tribunal de Madrid le remitiera el auto por el que la Sala de lo Civil y lo Penal ordenaba continuar la tramitación de la causa contra dos abogados imputados por su relación con la trama.

El juez instructor señala que la intención del magistrado es volver al “punto de partida” de la instrucción cinco meses después de que en el auto se estableciera que las grabaciones en el centro penitenciario “no eran un medio de prueba idóneo para exculpar” si no más bien “un instrumento eficaz” para acentuar la conducta presuntamente delictiva del magistrado de la Audiencia Nacional.

La decisión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo a Baltasar Garzón es similar a la situación en la que se encuentra el portavoz del PSOE valenciano en las Cortes autonómicas, Ángel Luna después de que el Tribunal de Valencia le acusara de un presunto delito de encubrimiento al mostrar en el Parlamento regional un documento que, presuntamente, estaba bajo secreto sumarial.

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