El presidente de Repsol, Antonio Brufau, volverá a viajar esta semana a Argentina en medio de las continuas presiones entre el Gobierno de Cristina Fernández y la petrolera. Será su segunda visita en menos de dos semanas. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, volverá a viajar esta semana a Argentina en medio de las continuas presiones entre el Gobierno de Cristina Fernández y la petrolera. Será su segunda visita en menos de dos semanas.
En esta ocasión, Antonio Brufau va a Buenos Aires para participar en el consejo de administración de YPF, que se celebrará el próximo miércoles, aunque fuentes del sector no descartan que aproveche el viaje para reunirse con algún miembro del Gobierno.
De hecho, la presencia del máximo ejecutivo de la compañía española en los consejos de YPF (donde Repsol es el primer accionista con el 55,7% del capital) no es muy habitual y sólo participa en aquellos que debaten cuestiones muy relevantes.
El ministerio de Planificación ha asegurado al diario argentino La Nación no estar al tanto de esta visita ni de un eventual encuentro con el responsable de esta cartera, Julio de Vido, que ese mismo día se reunirá con los representantes de las estaciones de servicio del país con los sindicatos del sector.
En las últimas semanas las acusaciones verbales y normativas del Ejecutivo de Cristina Fernández contra YPF se han agravado. El último capítulo es la amenaza de la Secretaría de Energía de aplicarle fuertes sanciones si no abastece plenamente de gasoil el mercado, pese a que es el propio Gobierno el que no deja acceder a los dólares necesarios para poder importar el combustible y cubrir así toda la demanda.
La petrolera, cuya dirección ejecutiva está en manos del grupo argentino Petersen (25,46% de las acciones de YPF), notificó el martes pasado al secretario de Energía, Daniel Cameron, que tiene dificultades para importar por los problemas surgidos en el mercado de divisas a raíz de las nuevas medidas de control dispuestas por el Gobierno para frenar la fuga de capitales.
El fisco argentino también le reclama a la compañía 21 millones de euros y le ha impedido importar y exportar crudo hasta que abone esta cantidad, que podría haber sido ya saldada, según fuentes del sector.
