Santiago Pedraz se ha negado a archivar la causa del genocidio de la población maya provocado por el Ejército de Guatemala entre los años 1978 y 1984, que dejó más de 250.000 víctimas, pese a la reforma de la justicia universal aprobada por el Gobierno español. Como ya hiciera con el ‘caso Couso’ el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se ha negado a archivar la causa en la que investiga el genocidio de la población maya provocado por el Ejército de Guatemala entre los años 1978 y 1984, que dejó más de 250.000 víctimas, y el asalto a la Embajada de España en el país, que causó 36 muertos, a pesar de reforma de la justicia universal aprobada por el Gobierno en febrero pasado.
En un auto dictado hoy, y al que ha tenido acceso ElBoletin.com, Pedraz señala que “España tiene jurisdicción sobre los hechos porque son delitos de terrorismo” y existen víctimas españolas y explica que “como estos hechos pueden ser también constitutivos de los otros delitos” (delitos de genocidio, lesa humanidad, torturas, asesinato y detenciones ilegales) que serían conexos al de terrorismo. “resulta incuestionable -al menos en esta fase de investigación- que la jurisdicción española es competente para conocer de todos los delitos citados”.
El magistrado, después de explicar que “la presente causa se sigue por diversos delitos: genocidio (con los específicos de feminicidio/crímenes de género), lesa humanidad, torturas, asesinato, detenciones ilegales y terrorismo” aclara que, a pesar de la reforma de la Justicia Universal aprobada por el Congreso, considera que la jurisdicción española es competente para investigar estos hechos ya que se cumple el requisito de que hay víctimas españolas de los delitos de terrorismo.
Por ello, el juez Pedraz decide “incoar sumario por presuntos delitos de terrorismo y los conexos de genocidio y crímenes de género, lesa humanidad, torturas, asesinato y detenciones ilegales” y continuar “la instrucción de la presente causa. Además, acuerda asimismo pedir una comisión rogatoria a Guatemala con objeto de comprobar hay procedimientos judiciales en marcha sobre estos mismos hechos.