Hasta 2010 los banqueros contaban con un seguro contra medidas drásticas, la existencia de bancos propiedad de individuos íntimamente ligados con el gobierno. Pero en su casi totalidad, éstos ya no están presentes en el mercado. Hasta 2010 los banqueros contaban con un seguro contra medidas drásticas, la existencia de bancos propiedad de individuos íntimamente ligados con el gobierno. Pero en su casi totalidad, éstos ya no están presentes en el mercado. Los anuncios recientes de Maduro sobre una reestructuración de la banca pública pueden ser el heraldo de una acción más coordinada.
A mediados de 2003, en una reunión nocturna con altos funcionarios del gobierno, Juan Carlos Escotet lanzó una pregunta envuelta en fingida ingenuidad: “¿Me pueden decir si la intención final del proceso es el socialismo?”. El para entonces Ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, se movía incómodo en su asiento y evitaba la mirada de Escotet mientras los demás asistentes guardaban un embarazoso silencio, hasta que uno de ellos, entre risas, negaba tal posibilidad. Faltaban aún dos años para que Chávez oficializara el rumbo socialista de la hasta ese momento revolución bolivariana.
La pregunta de Escotet, seguramente repetida antes y después de aquella noche por él y otros banqueros, buscaba medir los riesgos de su actividad. A pesar de la equívoca respuesta, en la década transcurrida a la banca no le ha ido tan mal, en todo caso mejor que a los sectores manufacturero y comercial. Si bien es cierto que la actividad está sometida a pesados controles de precios (tasas y comisiones), obligaciones de prestar a sectores con poca demanda real y menor capacidad de pago aún, ello no ha incidido en la capacidad de generar beneficios, al menos hasta 2012. Incluso la llamada “mini-crisis” bancaria de 2009 y 2010, sirvió para limpiar un poco el mercado de instituciones que merecían ser intervenidas de todos modos.
Pero en los últimos meses han comenzado a aparecer señales que indican que la banca privada está comenzando a enfrentar riesgos potencialmente significativos, fundamentalmente por decisiones administrativas tomadas silenciosamente por el Gobierno.
Los reacomodos recientes en el Gobierno apuntan a un reforzamiento de aquellos que, desde hace años, buscan medidas contundentes contra el “capital financiero”. Es un enfrentamiento callado, pues los radicales del Gobierno se cuidan de no adelantar sus cartas y la banca guarda un cerrado hermetismo frente a esas amenazas.
Pero, ¿cuáles son esas amenazas? La más drástica, una nacionalización del sistema bancario privado que pareciera no estar en el tapete, aunque sin duda es el objetivo final de varios integrantes del gabinete ministerial, y quizás del Presidente.
La estrategia parece enfocarse en medidas que, tomadas individualmente, no lucen particularmente peligrosas, pero que están erosionando poco a poco la capacidad de la banca de mantener un nivel de beneficio, y por lo tanto de patrimonio, acorde con el crecimiento inexorable de sus operaciones por efecto de la inflación.
En primer lugar, cabe mencionar un riesgo que ha surgido como consecuencia de políticas y acciones gubernamentales hacia otros sectores: la progresiva desaparición del cliente crediticio bancario corporativo. El cierre de empresas industriales o su captura por el Estado, ha reducido el número de clientes naturales de la banca privada. A ello se agrega la falta de necesidad de créditos por gran parte del sector corporativo por el control de cambios, el cual ha resultado en tesorerías corporativas extremadamente líquidas en bolívares. Como resultado, el crédito de la banca privada al sector manufacturero, por ejemplo, se ha reducido a menos de un quinto del total de los créditos. El sector comercial, cada vez más dependiente de las importaciones para obtener productos que vender, también ha reducido su demanda de créditos por la reducción de las operaciones cambiarias, tanto en el mercado oficial como en el alternativo.
El cliente al detal ha cubierto en algunos casos la reducción en la demanda del sector corporativo, pero también en este mercado el efecto de las restricciones cambiarias, la escasez de productos ligados al financiamiento (línea blanca, línea marrón, etc), está afectando el volumen de créditos que sanamente puede conceder la banca privada. Mientras, la banca pública ha incrementado el volumen de créditos, particularmente los clasificados como destinados a manufactura. Así, la proporción de la cartera de créditos otorgado por la banca pública subió de un 20% al 30% en los últimos 5 años.
Esto último está ligado al segundo riesgo, la competencia desigual de la banca pública. Acciones desde el Ministerio de Finanzas y el Banco Central han creado un escenario donde la banca pública goza de privilegios a la hora de realizar sus operaciones. Varios bancos públicos están descontando los créditos que otorgan a empresas públicas en condiciones que se desconocen, pero donde hay indicios que son muy ventajosas. En otras palabras, en el fondo, el Banco Central es el que está financiando al sector industrial estatal, y la banca pública se queda con una comisión atractiva.
Otra ventaja que disfruta la banca pública es una menor tasa de encaje legal y menores pago por el seguro de depósitos. Ambas medidas le permiten operar con un margen entre las tasas de interés menor al de la banca privada.
Otro riesgo que enfrenta la banca privada son las pérdidas potenciales en su cartera de inversiones en títulos públicos, derivado de la venta directa que está realizando el Ministerio de Finanzas a bancos públicos. Estas ventas generan dos problemas diferentes, pero que igualmente inciden en el patrimonio bancario. En primer lugar, el Ministerio de Finanzas ha optado por limitar la participación en las subastas de las letras del tesoro de 90 días a la banca pública.
Esto es relevante porque una significativa porción de los bonos de la deuda pública de mediano y largo plazo, pagan una tasa de interés ligada al precio al cual se coloque en subastas las letras del tesoro. Al restringir la participación en esas subastas a entidades subordinadas al Ministerio, la tasa resultante termina siendo definida por el propio emisor de los DPN, no el mercado. De allí la baja rentabilidad de esos bonos.
Otra modalidad que ha usado el Ministerio de Finanzas ha sido la adjudicación directa a bancos públicos de bonos DPN a precios sustancialmente inferiores a los que habían registrado esos mismos bonos en subastas anteriores. Quedan entonces los bancos privados, que tienen en su cartera los bonos comprados a precios superiores, en una situación complicada si desean salir a vender esos bonos pues potencialmente, pueden concurrir al mercado secundario bancos públicos en capacidad de vender esos bonos a precios menores y aún así obtener una buena ganancia.
Para empeorar la situación, aún en el caso que los bancos privados decidiesen mantener los bonos hasta el vencimiento y así evitar realizar una pérdida en su venta, la Superintendencia de Bancos está emplazando a los tenedores de esos bonos a ajustar el valor contable de los mismos al precio de la adjudicación directa. En otras palabras, obligándolos a registrar una pérdida contable aún sin vender los bonos. Se desconoce si esta acción del supervisor está en coordinación con su superior, el Ministerio de Finanzas.
Otro riesgo viene por el lado de la liquidez. En los últimos meses el mercado interbancario ha tenido mayor movimiento del habitual y no es raro observar tasas de interés elevadas. Una tasa de 15% en el overnight equivale, si la operación se repite cada día, a una tasa anual superior a 400%. ¿Por qué está ocurriendo esto en el mercado interbancario? Parte del problema es la enorme concentración de la liquidez excedente en la banca pública, la cual aparentemente recibió instrucciones de no prestar a la banca privada en ese mercado. Esto ha venido acompañado de renovados intentos de centralizar los depósitos de entidades oficiales en la banca pública, en un entorno en el cual los depósitos privados muestran debilidad, con una tasa de crecimiento en 2014 por debajo de la inflación.
Otro factor en la reducción de los depósitos privados en la banca privada, es la decisión del gobierno de exigir que aquellas empresas que deseen participar en las asignaciones del SICAD I y SICAD II, a que canalicen las operaciones exclusivamente a través de bancos públicos, e incluso que transfieran parte de sus depósitos habituales de la banca privada a la banca pública.
Al igual que el sector productivo, la banca privada ha visto los precios de sus servicios (comisiones) congelados durante los últimos años, sin considerar incluso los aumentos en los costos derivados por decisiones oficiales, como por ejemplo algunas comisiones ligadas a transacciones cambiarias, que fueron fijadas usando como referencia el tipo de cambio de 4,30 y no fueron modificadas luego de la devaluación del año pasado.
Como consecuencia, la capacidad de mantener el patrimonio en niveles cónsonos con el aumento nominal de las operaciones se ha visto afectado. Y dada las perspectivas futuras, y la ausencia de autorizaciones para repatriar dividendos, no sorprende que los accionistas de la banca no hayan realizado aportes en los últimos años. Por eso, la cuenta de resultados se ha convertido en la única fuente de crecimiento del capital de la banca. Pero apenas alcanza, la mayor parte de los bancos privados grandes y medianos presentan un índice de capital a activo por debajo del 10%. Y el patrimonio conjunto del sector, descontando la inflación, apenas alcanza el 88% del que tenía al cierre de 2012.
Pero para algunos en el sector oficial, la preocupación es con el nivel de ganancias en términos nominales., el cual consideran “exageradamente” elevado. Surge así otro riesgo, una medida de carácter populista y aplaudida por muchos de imponer sobre la banca un impuesto especial sobre sus ganancias. Aún lo que hay son rumores. Y comentarios de personas con poca capacidad de leer balances y, menos aún ,entenderlos en el contexto de una economía altamente inflacionaria.
El panorama, pues, no es muy reconfortante. No cabe duda que los banqueros no han agotado sus reconocidas dotes para lograr evitar medidas terminales, pero el desgaste es evidente y acompaña lo que ocurre en otros sectores de la actividad privada.
Hasta 2010, los banqueros contaban con un seguro contra medidas drásticas, la existencia de bancos propiedad de individuos íntimamente ligados con el gobierno, pero en su casi totalidad éstos ya no están presentes en el mercado. Los anuncios recientes de Maduro sobre una reestructuración de la banca pública, pueden ser el heraldo de una acción más coordinada y proactiva por parte de ese sector en la captura de mayores cuotas de mercado, con lo cual el objetivo final de algunos en el gobierno, puede ser logrado sin necesidad de acciones que alarmen a la comunidad internacional. No por nada los banqueros privados nacionales, siguiendo el camino de la Polar y anteriormente del grupo Cisneros, han venido construyendo o reforzando sus operaciones en otros países. Un ejemplo claro de mitigación de riesgos.
