Se trata de una nueva iniciativa polémica, tras la reciente reforma fiscal que impide que el presupuesto público pueda subir por encima de la inflación durante los próximos 20 años. Pese a las protestas sociales que motivó la reciente reforma fiscal, que impide que el presupuesto público pueda subir por encima de la inflación durante los próximos 20 años, el Gobierno brasileño de Michel Temer ya piensa en su siguiente objetivo en el ajuste que ha emprendido.
Se trata de la reforma de su sistema de pensiones de la que ya ha perfilado los detalles en un primer borrador. Así, según recoge el portal de noticias de Terra, éste prevé una edad mínima de jubilación de 65 años, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de diversos sectores políticos, sindicatos y buena parte de la sociedad.
El motivo principal es que Brasil ha permitido hasta la fecha, a las mujeres jubilarse con 30 años de cotización y a los hombres con 35 sin que exista ningún límite de edad para ello. Pero la indignación es aún mayor porque diversos sectores cuestionan la legitimidad de emprender reformas de tal calibre por parte de un Gobierno que no es el que salió de las urnas, pese a tratarse de un sistema presidencial.
Más aún, cuando las sombras de corrupción que sirvieron como pretexto para el ‘impeachment’ de la presidenta electa Dilma Rousseff son aún más intensa sobre el propio Temer, acusado por un alto ejecutivo de la constructora Odebrecht del cobro ilegal de 3 millones de dólares en el marco de la causa «Lava Jato».
No obstante, el Gobierno señala que hay poner fin al crecimiento del déficit de un sistema que hoy se calcula en cerca de 150.000 millones de reales (44.117 millones de dólares). Por ello, la propuesta va más allá de la edad e incluye la imposibilidad de acumular varias pensiones al mismo tiempo, así como una reducción de los beneficios, los cuales dejarían de estar vinculados al salario mínimo (equivalente hoy a unos 250 dólares), según señala Terra.
Además, para jubilarse con la pensión integra, de unos 1.485 dólares para el sector privado, los trabajadores deberían cotizar durante 49 años, según ha reconocido el propio Gobierno.
Una serie de factores que incrementan el rechazo social a una reforma que además ha sido aún más polémica por el hecho de que el Gobierno de Temer decidiese blindar a los militares de las consecuencias de la reforma. Es decir, a recisamente este fue uno de los sectores que más se manifestó en apoyó del ‘impeachment’ a Rousseff.
