La página siete del Financial Times de este martes acoge en toda su magnitud el siguiente titular: “Argentina quiere continuar pagando su deuda pero no le dejan”. No obstante esta no es una información periodística sino propagandística. La página siete del Financial Times de este martes acoge en toda su magnitud el siguiente titular: “Argentina quiere continuar pagando su deuda pero no le dejan”. No obstante esta no es una información periodística sino propagandística. Viene firmada por el Gobierno de Cristina Fernández, y tiene como objetivo acusar al juez estadounidense Thomas Griesa de querer volver a quebrar la economía del país.
El anuncio explica que este juez ha dado la razón a los tenedores de bonos argentinos que no aceptan negociar con el Gobierno una quita tras el ‘default’ del 2001; un 7% del total. Según explica el texto publicado en el diario británico, frente al 92,4% de los inversores que sí han renegociado su deuda, esta minoría está compuesta por fondos que lo único que quieren es amasar una fortuna con el enfrentamiento legal: “Ni siquiera son los prestamistas originales de Argentina. Han comprado los bonos ya quebrados a un precio ridículamente bajo con la única intención de litigar y conseguir así enormes beneficios”. Y se cita un ejemplo, el del fondo NML de Paul Singer. “En 2008 sólo pagó 48,7 millones de dólares por los bonos quebrados, pero el fallo del juez Griesa establece que se le debe pagar 832 millones de dólares en lo que supone una ganancia del 1.608% en apenas seis años”.
Aunque Argentina ha recurrido esta decisión –en el anuncio enumera entre los que apoyan su postura al FMI y los gobiernos de Francia, México, Brasil y Uruguay, además de economistas como Joseph Stiglitz y Nouriel Roubini-, advierte que de no ser escuchada su apelación tendría que pagar unos 15.000 millones de dólares, que es el valor total estimado de los bonos quebrados en 2001 que no entraron en la quita, y que es además el equivalente al 50% de las reservas de su Banco Central en divisa extranjera.
Sin embargo, el anuncio del Financial Times explica que esa cantidad apenas supone la punta del iceberg, porque según la legislación argentina, si el Gobierno debe hacer frente a ese gasto, todos los demás tenedores de bonos que sí hubiesen aceptado ya la quita tendrían derecho a demandar el mismo trato, lo que tendría un coste estimado de 120.000 millones de dólares. Además, Argentina tampoco puede negarse a pagar a esos fondos, porque el juez Griesa ya habría dado la orden de que si esto sucede se congelen los fondos del país destinados a pagar los nuevos precios acordados con ese 92,4% de los inversores que sí han negociado con las autoridades.
“Esta decisión pone a Argentina en un compromiso, pero también a cualquier otro país que se plantee una reestructuración de su deuda en el futuro”, dice el texto, que también alega que en la mayoría de los países la normativa interna establece que en un caso similar, cuando el 66% acepta el trato el resto de los tenedores debe aceptar forzosamente también.
El anuncio finaliza con el deseo de que la justicia estadounidense tome una decisión que “promueva unas condiciones de negociación justas” para resolver este tipo de disputas en las que Argentina se ve implicada “por culpa de la voracidad de un pequeño grupo de especuladores”.
