La Secretaría de Comercio Interior argentina ha salido en defensa de las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con un ataque a las consultoras. Cerca de una decena de empresas asesoras podrían ser sancionadas con una multa de 500.000 pesos (91.849,5 euros). Las autoridades investigan para determinar si la metodología que aplican en sus análisis arroja datos que puedan considerarse engañosos. La Secretaría de Comercio Interior argentina ha salido en defensa de las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con un ataque a las consultoras. Cerca de una decena de empresas asesoras podrían ser sancionadas con una multa de 500.000 pesos (91.849,5 euros). Las autoridades investigan para determinar si la metodología que aplican en sus análisis arroja datos que puedan considerarse engañosos.
La desconfianza generalizada sobre los datos aportados por el Indec sobre la evolución del costo de vida, ha llevado a las consultoras argentinas a elaborar sus propias estimaciones sobre la variación de precios, dato básico para el resto de los análisis que realizan. Dos mediciones distintas aportan distintos resultados, pero la diferencia entre los datos aportados por el Instituto Nacional argentino y los que reflejan los informes de las consultoras se sitúa cerca de los 80 puntos. El pasado mes de enero, la consultora Ecolatina hizo públicos sus datos en la presa local y estos reflejaban que el IPC argentino acumulaba ya un aumento de 123.6% respecto a 2006, mientras que las cifras de Indec se situaban en un 39.3%.
La variación de las cifras ha alarmado al Gobierno de Cristina Fernández que, confiado en sus resultados, ha emprendido una investigación sobre las técnicas y los métodos que emplean las consultoras para elaborar los índices de precios. La metodología de los asesores privados no ha convencido al Ejecutivo y Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior de Argentina, ha decidido sancionar a tres empresas asesoras, entre las que se encuentran las consolidadas Ecolatina y Finsoport, por considerar que su inexactitud arroja datos inexactos y engañosos. En un plazo de 10 días estas consultoras deberán justificar sus mediciones para no ser multadas por un importe de 500.000 pesos (91.849,5 euros)
Las consultoras continúan defendiendo la fiabilidad de sus datos. Según han asegurado a la prensa local, sus empresas no se benefician con la venta de índices de precios, sino que suelen regalar estos datos con los informes que elaboran para sus clientes. Según afirman el negocio no está en los datos de IPC, sino en los informes sectoriales y las prospecciones que realizan a petición de sus interesados. Sin embargo, como la variación de los precios es un indicador básico para realizar cualquier otro análisis necesitan poder confiar en los datos que utilizan. Una confianza que no obtienen de la medición que realiza el Indec.
