La Justicia brasileña aumenta la presión sobre el Partido de los Trabajadores (PT) con la detención temporal del ex ministro de Hacienda Guido Mantega en el marco del escándalo de corrupción conocido como «Lava Jato». La Justicia brasileña aumenta la presión sobre el Partido de los Trabajadores (PT) con la detención del ex ministro de Hacienda Guido Mantega en el marco del escándalo de corrupción conocido como ‘Lava Jato’.
Mantega, ministro a lo largo de nueve años durante los Gobiernos del PT de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, fue detenido durante varias horas en Sao Paulo como parte de una serie de arrestos ejecutados en todo el país. Las detenciones, ligadas a la investigación de una trama de corruptelas que funcionó durante años en la petrolera estatal Petrobras, causaron revuelo.
El caso ‘Lava Jato’ ha puesto en jaque desde hace meses a casi toda la clase política brasileña y tiene en la mira ahora al propio ex presidente Lula, fundador del izquierdista PT, y el político más influyente en Brasil en los últimos 20 años.
Mantega fue aprehendido por la mañana en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde acompañaba a su esposa durante una intervención quirúrgica, después de que los agentes no lo encontraran en su casa.
El juez Sérgio Moro, conocido en tanto en todo Brasil por tener a a su cargo la investigación de «Lava Jato», ordenó sin embargo poco después su liberación.
Moro disculpó a las autoridades diciendo que la policía no sabía que la esposa de Mantega estaba siendo sometida a una cirugía «por una dolencia grave» en el momento de la detención. El abogado del ex ministro había criticado antes duramente el operativo, al que consideró «abusivo», «arbitrario» y «sin razón de ser».
Según la agencia estatal Brasil, la Policía Federal salió a ejecutar 49 órdenes judiciales vinculadas con ‘Lava Jato’, entre ellas 33 pedidos de captura, en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Río Grande del Sur y Bahía, así como en Brasilia.
Las investigaciones en torno a Petrobras sacuden desde hace meses a todo el país y han agravado en los últimos días la crisis política brasileña con el cerco judicial a Lula.
El ex presidente será juzgado por presuntos lavado de dinero y corrupción después de que Moro aceptara hace unos días varios cargos contra él. El Ministerio Público acusó la semana pasada a Lula de ser el «comandante máximo» de un sistema de corrupción surgido dentro del propio aparato estatal durante sus Gobiernos.
El ex mandatario niega los cargos y acusa sus adversarios políticos de estar detrás de las denuncias para evitar su regreso a la arena política en las elecciones de 2018. Lula fue jefe de Estado desde enero de 2003 a diciembre de 2010.
Mantega estuvo en la cartera de Hacienda con Lula desde 2006 y siguió luego en el cargo con Rousseff. El economista de 67 años formó parte activa del Gobierno durante los 13 años que estuvo el PT en el poder.
El ex ministro fue arrestado después de que un empresario lo inculparan en la trama de corrupción en torno a Petrobras. Mantega está acusado de haber solicitado dinero para el PT a la compañía OSX, según explicaron las autoridades en una comparecencia en Curitiba, sede de la investigación policial.
El empresario Eike Batista declaró que el ex ministro de Hacienda le pidió cinco millones de reales (1,5 millones de dólares) en 2012, cuando Mantega también ocupaba un cargo en el Consejo de Administración de Petrobras.
La operación ‘Lava Jato’, dada a conocer en marzo de 2014, investiga a decenas de políticos acusados de recibir sobornos de empresas para favorecerlas en sus contratos con Petrobras, de propiedad semiestatal.
Implicados están tanto miembros del PT como del centroderechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en el que milita el actual presidente, Michel Temer.
La investigación de ‘Lava Jato’ es considerada la más grande de la historia en Brasil y es uno de los factores que agudizaron la crisis institucional que sacudió en los últimos meses a la primera economía de América Latina. Dilma Rousseff fue destituida hace algunas semanas por irregularidades fiscales cometidas por su Gobierno, en medio de una grave crisis económica en Brasil.
