La entidad española BBVA ha firmado un acuerdo con su socio chino, el China Citic Bank para ofrecer servicios de transacciones de yuanes a sus clientes corporativos de América Latina que negocian con firmas del gigante asiático, con lo que se convierte en el primer banco español en entrar en este mercado, siguiendo la estela de entidades como HSBC Holdings, Standard Chartered Bank, Citigroup y J.P. Morgan Chase, que ofrecen servicios similares. La entidad española BBVA ha firmado un acuerdo con su socio chino, el China Citic Bank para ofrecer servicios de transacciones de yuanes a sus clientes corporativos de América Latina que negocian con firmas del gigante asiático, con lo que se convierte en el primer banco español en entrar en este mercado, siguiendo la estela de entidades como HSBC Holdings, Standard Chartered Bank, Citigroup y J.P. Morgan Chase, que ofrecen servicios similares.
El Banco Central de China está impulsando desde mediados de 2009 nuevas medidas para facilitar las transacciones comerciales del país asiático a escala global. Desde junio de 2010, las autoridades permiten que empresas de 20 provincias de la región hagan negocios en renminbi (nombre oficial de la divisa china) con clientes de cualquier país del mundo, una operativa que también se ha visto beneficiada por la liberalización de esta moneda. En la última década, el comercio bilateral entre China y América Latina se ha incrementado 16 veces, de 8.400 millones de dólares en 1995 a 140.000 millones en 2008.
El BBVA negocia ceder al Gobierno boliviano el negocio de administración de los fondos de pensiones del país que mantiene con su socio Zúrich, después de que ayer el Ejecutivo de Evo Morales anunciase su intención de nacionalizar el sistema de pensiones.
Según han señalado fuentes del sector financiero a Americaeconomica.com, se trata de una operación “muy pequeña que apenas tendrá impacto” en el banco presidido por Francisco González. De hecho, aunque BBVA tiene actualmente bajo gestión en Bolivia fondos de pensiones que suman un valor de 1.800 millones de euros, la gestión de la rentabilidad de dichos fondos y los compromisos con los partícipes estaba ya desde 2006 en manos del Gobierno.
