En un esfuerzo por frenar la especulación, el Gobierno de Evo Morales mantiene la subida del precio en varios productos indispensables en el carro de la compra de los bolivianos. El aumento en el coste del pan se une al de la leche y el azúcar. El ‘gasolinazo’, medida anunciada por Morales para retirarla tras las protestas, para acabar con el contrabando de hidrocarburos, ha impactado de forma muy negativa a la economía del país boliviano. En un esfuerzo por frenar la especulación, el Gobierno de Evo Morales mantiene la subida del precio en varios productos indispensables en el carro de la compra de los bolivianos. El aumento en el coste del pan se une al de la leche y el azúcar. El ‘gasolinazo’, medida anunciada por Morales para retirarla tras las protestas, para acabar con el contrabando de hidrocarburos, ha impactado de forma muy negativa a la economía del país boliviano.
La población de Bolivia aún sufre la subida de precios. Al alza del coste del azúcar hasta en un 51% y del pan en un 30% se suma la nueva estructura del precio establecido por productores lecheros a las empresas privadas en más de un 34%.
Estas han parte de las consecuencias del ‘gasolinazo’, medida anunciada por el Vicepresidente Álvaro García Linera el 26 de diciembre y derogada por el presidente Evo Morales cinco días después. El intento por subir el precio de los combustibles hasta en un 83% ha provocado un terremoto político que casi desestabiliza al Gobierno y ha dejado dañada la economía del país. Sobre todo a la población más pobre, que ha sido la que más ha sufrido el alza del precio en los productos, ya que, según un estudio de la Fundación Jubileo los pobres gastan en Bolivia al menos el 50% de sus ingresos mensuales en la compra de alimentos.
Sin embargo, según los datos de una encuesta, el 48% de la población está de acuerdo con cortar la subvención estatal a los carburantes y que, por tanto, el precio de los combustibles debe subir hasta nivelarse a la par de los importes en los países vecinos, para terminar con el contrabando. El estudio, llevado a cabo por Ipsos, el mayor instituto privado español de investigación de mercados, se realizó durante la primera quincena de enero después de que el Gobierno levantara el decreto.
