La Corte Suprema de Ecuador ha aceptado la petición de la Fiscalía General del país de solicitar a la Interpol el arresto y extradición del exjefe de Estado, Rafael Correa, quien no atendió a la medida cautelar de presentarse el lunes ante la Corte Nacional de Justicia, sitada en Quito.
La Corte Suprema de Ecuador ha aceptado la petición de la Fiscalía General del país de solicitar a la Interpol el arresto y extradición del exjefe de Estado, Rafael Correa, quien no atendió a la medida cautelar de presentarse el lunes ante la Corte Nacional de Justicia, sitada en Quito.
En su lugar, el expresidente, residente en Bélgica desde hace un año, acudió al consulado del país sudamericano en dicho país amparándose «en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de DDHH, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y la Constitución y leyes de la República, como ecuatoriano residente en el exterior».
Pero, tal y como había adelantado, la jueza Daniella Camacho consideraba que la única presencia válida era la de Correa ante la Corte de Quito por lo que ordenó la prisión preventiva tras una audiencia especial en la que se revisaban las medidas cautelares que se impusieron al exmandatario el pasado 18 de junio.
Entonces, Correa fue vinculado penalmente al caso del intento de secuestro del exlegislador Fernando Balda, que tuvo lugar en Bogotá en agosto de 2012.
Ante todo ello, el expresidente ecuatoriano ha respondido que la orden de detención preventiva que se le ha impuesto forma parte de un «complot» político que ya se conocía desde hace meses y se ha referido a un mensaje de Twitter del 10 de noviembre de 2017 en el que el propio Balda adelantaba su arresto.
Y es que el ex legislador conservador, quien desde ayer es además parte de la acusación particular, afirma tener pruebas que implicarían directamente a Correa en su intento de secuestro.
