Son aquellos que establecen, por ejemplo, que las multinacionales pueden recurrir para solventar disputas contractuales o comerciales cuando se sienten agravadas por las autoridades de un país firmante. Uno de los aspectos más controvertidos de los tratados de comercio entre Estados es la cesión de la jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional a las que las multinacionales, por ejemplo, pueden recurrir para solventar disputas contractuales o comerciales cuando se sienten agravadas por las autoridades de un país firmante.
Una posibilidad a la que el Congreso de Ecuador, de mayoría oficialista, ha decidido poner fin después de dar por terminados y denunciar sus Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con 12 países: China, EE.UU, España, Chile, Venezuela, Holanda, Suiza, Canadá, Argentina, Perú, Bolivia e Italia.
A tavés de un comunicado del Parlamento ecuatoriano, del que se hace eco el diario Gestión, la presidenta de su comisión legislativa de Relaciones Internacionales, María Augusta Calle, ha señalado que estos acuerdos contradicen la Constitución nacional, que prohíbe al país sudamericano celebrar tratados en los que ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitrajes internacionales en controversias contractuales o de índole comercial.
No obstante, los acuerdos de protección de inversiones con esas 12 naciones se mantendrán aún en vigencia entre 10 y 20 años ya que tienen cláusulas que así lo estipulan. De hecho, por este motivo, eran los únicos que a Ecuador le faltaban por denunciar de los 30 que desde 1965, había llegado a firmar.
Así, el presidente saliente Rafael Correa, cuyo mandanto conlcuye el 24 de mayo, promovió el mencionado cambio constitucional en 2008, a partir del cual fue denunciando los demás tratados con estados como Alemania, Gran Bretaña, Suecia o Francia.
Hasta la fecha, petroleras como las estadounidenses Chevron y Oxy, y otras empresas han llevado a Ecuador a una treintena de arbitrajes ante cortes internacionales en los que le han solicitado unos 12.000 millones de dólares, por los que ya ha recibido fallos en su contra por 1.828 millones de dólares.
