Ecuador piensa en los emigrantes para privatizar las empresas reflotadas por el Estado

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El Estado ecuatoriano subasta las empresas que tuvo que reflotar en la crisis de 1998/99 y que quebraron el país. El presidente de la Junta del Fideicomiso, Pedro Delgado, se encuentra estos días de viaje por EEUU, España e Italia para ofrecer a los migrantes la compra de acciones de las empresas “que les obligaron a expatriarse”. En declaraciones a AmericaEconomica.com, Delgado ha asegurado que este proceso de venta “no tiene nada que ver” con la política de austeridad en el gasto público. Ecuador espera recaudar más de 1.400 millones de dólares (1.000 millones de euros) con la venta. El Estado ecuatoriano subasta las empresas decomisadas en los años 1998/99. El presidente de la Junta del Fideicomiso, Pedro Delgado, se encuentra estos días de viaje por EEUU, España e Italia, los países con más emigrantes ecuatorianos, con la intención de publicitar la venta de activos de dichas empresas. En declaraciones a AmericaEconomica.com, ha asegurado que este proceso de venta “no tiene nada que ver” con la austeridad en el gasto público en el país.

Delgado, que acudió ayer a la sede de Secretaria Nacional del Migrante-SENAMI en Madrid, explicó que el motivo de su gira internacional es “ofrecer a los migrantes la posibilidad de hacerse con parte de los activos de los bancos que quebraron el país y que les obligaron a emigrar.” “El Estado ecuatoriano quiere dinamizar el mercado de valores, crear una sociedad en la que todos sean propietarios, capitalizar a la población”, aseguró el Presidente del Fideicomiso.

Con este fin, se ha establecido un sistema según el cual, el 30% de los activos de las empresas decomisadas, ya saneadas por el Estado y rentables, han sido puestas a la venta para su adquisición por parte de acreedores depositarios, a trabajadores de la propia empresa, a comunidades, asociaciones y cooperativas de producción vinculadas a las empresas o a pequeños accionistas, donde se incluiría a los migrantes. Delgado calcula que este 30% de los activos, sin contar los bienes inmuebles decomisados, alcanzarán un valor de 400 millones de dólares (285 millones de euros).

Preguntado sobre los problemas económicos que sufren los migrantes en sus países de acogida, que les impediría realizar inversiones de este tipo, Delgado recordó que “el pasado año las remesas representaron 1.700 millones de dólares (1.200 millones de euros), un dinero que podría ir a parar a la compra de activos”.

Con el fin de restringir la acumulación de acciones en las manos de unos pocos, el Presidente del Fideicomiso explicó que se han establecido “un límite de 20.000 dólares (14.000 euros) de gasto por empresa y persona. También se controlará la solvencia de las personas que adquieran acciones con el fin de que los antiguos dueños no se puedan hacer con las acciones por medio de personas interpuestas. Por otra parte, el Estado se reserva el derecho de veto durante 5 años para los accionistas y compradores que quieran negociar por sus acciones”.

Delgado defendió la rentabilidad casi inmediata para los pequeños accionistas. “El 70% de las acciones restantes serán subastadas entre aquellos que deseen adquirirlas (empresas, grandes accionistas…). El Estado se compromete a venderlas al menos al mismo precio que han pagado los pequeños accionistas, por lo que si se paga más por ellas, el paquete del 30% de las acciones se revalorizará de manera automática.”

En declaraciones a AmericaEconomica.com, el Presidente del Fideicomiso ha asegurado que el motivo de vender empresas que son rentables es que “el Estado quiere recuperar el dinero que ha gastado en reflotarlas, el que ha inyectado para que se mantengan a flote”. “El Gobierno está buscando crear una clase media estable en base a las medidas adoptadas. No somos un país marxista o comunista como se dice. Queremos europeizar la economía y vamos a profundizar en las reformas sociales y económicas emprendidas”.

Las empresas decomisadas provienen de la fuerte crisis bancaria que “quebró el país y obligó a emigrar al 25% de la población” según Delgado. Entre las que se han puesto en venta destacan medios de comunicación, que fueron de la familia Isaías, la empresa agrícola ASTRA, con más de 500.000 hectáreas en su poder, y otras 100 empresas productivas más de los más variados sectores. Delgado aclaró que el retraso en iniciar el proceso de venta fue debido a que detrás de esas 100 empresas había 500 más que solo figuraban en papel, no producían, lo que obligó a profundizar en la investigación.

Con el fin de facilitar la venta de acciones a los pequeños inversores, el Estado ha establecido una serie de créditos de bajo interés. No hay límite de gasto.

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