Cuando todavía no se han apagado los rescoldos de la polémica generada por la reforma, impulsada por la industria agropecuaria brasileña, que reduce la zona de selva a proteger por los agricultores, Dilma Rousseff se enfrenta a un nuevo contencioso con los ecologistas. La razón es la aprobación de su Gobierno a la construcción de una enorme presa en el río Xingu, en el Estado de Pará y en la órbita del Amazonas, que se convertirá en la tercera mayor terminal hidroeléctrica del mundo, sólo superada por la de Three Gorges, en China, y la de Itaipu, en la frontera entre Brasil y Paraguay. El proyecto costará 17.000 millones de dólares, es gestionado por la eléctrica estatal Eletrobras y su objetivo es producir 11.200 megavatios a partir del año 2015. Cuando todavía no se han apagado los rescoldos de la polémica generada por la reforma, impulsada por la industria agropecuaria brasileña, que reduce la zona de selva a proteger por los agricultores, Dilma Rousseff se enfrenta a un nuevo contencioso con los ecologistas. La razón es la aprobación de su Gobierno a la construcción de una enorme presa en el río Xingu, en el Estado de Pará y en la órbita del Amazonas, que se convertirá en la tercera mayor terminal hidroeléctrica del mundo, sólo superada por la de Three Gorges, en China, y la de Itaipu, en la frontera entre Brasil y Paraguay. El proyecto costará 17.000 millones de dólares, es gestionado por la eléctrica estatal Eletrobras y su objetivo es producir 11.200 megavatios a partir del año 2015.
La presa llevará el nombre de Belo Monte y fuentes gubernamentales han indicado que su construcción es necesaria para dotar de energía al fuerte crecimiento que está experimentando Brasil en los últimos años. El proyecto está siendo desarrollado por el consorcio Norte Energia, controlado por la compañía eléctrica Eletrobras y su subsidiaria Eletronorte. Se espera que para cuando sea completado proporcione el 11% de la energía total brasileña.
Los ecologistas e indígenas de la zona del Amazonas en que se construirá protestan porque consideran que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), el regulador ambiental del gobierno, ha dado el sí al proyecto sin evaluar correctamente el impacto que tendrá en el medioambiente y en las comunidades humanas de la zona. Una preocupación a la que incluso se ha unido la Organización de Estados Americanos (OEA).
Amnistía Internacional insiste en el riesgo de que las zonas inundadas en el proceso de construcción afecte a los indígenas de la zona amazónica. «Brasil debe acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender la construcción de la represa de Belo Monte hasta que los derechos de las comunidades indígenas locales estén plenamente garantizados», ha declarado Guadalupe Marengo, subdirectora de la organización en Sudamerica.
Desde el gobierno, se niegan las acusaciones y se insiste en los beneficios que reportará el proyecto. El ministro brasileño de Minas y Energía, Edison Lobão, ha indicado a los medios que «habrá una revolución económica y social» en el Amazonas gracias a la presa, y que las obras crearán un total de 20.000 empleos directos y 80.000 indirectos. «El plan de Belo Monte es el más cuidadoso que hemos hecho. No solo vamos a mitigar los efectos de la construcción, sino también vamos a transformar esos municipios en ciudades con gran calidad de vida urbana», ha declarado Lobão.
Brasil es considerado uno de los pulmones verdes del mundo por su gran extensión de selva y bosque, que vive en estos momentos un fuerte proceso de deforestación que ha desatado todas las alarmas de ecologistas y asociaciones de protección del medioambiente. El Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil reveló este mes que 593 kilómetros cuadrados de bosque del Mato Grosso desaparecieron entre marzo y abril, lo que supone un aumento que prácticamente quintuplica los números del pasado año, en que sólo se perdieron 103. Los terratenientes de la agricultura y ganadería, amparándose en el fuerte crecimiento del país, demandan más espacio para sus actividades y han impulsado una reforma del Código Forestal que reduce la cantidad de bosques que están obligados a preservar.
Por ello, Dilma Rousseff se encuentra en un aprieto. Por un lado, ha prometido hacer todo el esfuerzo posible para frenar la deforestación y proteger la selva. Por otro, se enfrenta a la presión de la industria agropecuaria y a la necesidad de generar electricidad para el crecimiento de Brasil. La aprobación de la construcción de la presa ha vuelto a ponerle en una tesitura complicada ante la opinión pública.
