El Congreso de Costa Rica ha aprobado por unanimidad una ley que prohíbe los proyectos de minería a cielo abierto. Las preocupaciones sobre el impacto medioambiental de esta industria parecen estar en la raíz de esta iniciativa que, sin embargo, no tiene carácter retroactivo. El Congreso de Costa Rica ha aprobado por unanimidad una ley que prohíbe los proyectos de minería a cielo abierto. Las preocupaciones sobre el impacto medioambiental de esta industria parecen estar en la raíz de esta iniciativa que, sin embargo, no tiene carácter retroactivo.
Los diputados del Plenario dieron su apoyo a la modificación al Código de Minería, con la que se cierra la posibilidad de que haya nuevos proyectos mineros a cielo abierto en el país a futuro. No obstante, todos los que ahora funcionan podrán mantener su actividad.
La ley no afectará por ejemplo a las actividades de Crucitas, el principal proyecto minero del país, que explota la compañía canadiense Infinito Gold y que tiene un permiso para operar a pesar de un fallo judicial en su contra que, de momento, mantiene en suspenso los trabajos.
Los ecologistas denunciaron la actividad de la minera canadiense que, según ellos, provoca deforestación y destruye la vida salvaje. Desde la compañía se asegura que esto no es cierto y se defiende la limpieza de un proyeco que fue declaro de interés nacional por el estado costaricense, cuando el presidente era Oscar Arias y la actual mandataria, Laura Chinchilla ocupaba una de las vicepresidencias.
En las informaciones publicadas por la prensal local se asegura que principal fuerza opositora, el Partido Acción Ciudadana, que hizo la propuesta de este cambio legal hace cinco años, está de acuerdo con ‘blindar’ el proyecto Crucitas, a pesar de que la minería a cielo abierto sólo representa el 1% del PIB del país, según los datos oficiales.
