La medida se produce justo tras conocerse las investigaciones sobre la campaña de 2014 del presidente Juan Manuel Santos que presuntamente habría recibido ingresos del gigante de la construcción brasileño. El caso ‘Lava Jato’, y en especial los millonarios sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado a políticos de toda la región a cambio de proyectos de infraestructura, sigue deparando nuevos episodios. Y, en esta ocasión la localización de la trama se desplaza a Colombia.
Si a principios de semana era el expresidente peruano, Alejandro Toledo, quien tuvo que salir al paso de las acusaciones de haber aceptado sobornos, y ya hoy ha recibido una orden de arresto; en Colombia, son ahora las campañas políticas de 2014 del presidente Juan Manuel Santos y del entonces candidato Óscar Iván Zuluaga las que están siendo investigadas.
Con la adjudicación de la Ruta del Sol 2 dibujándose como contraprestación clave en todo el asunto. Una cuestión que se revela como la verdader clave detrás de la medida que la Superintendencia de Sociedades colombiana ha tomado hoy.
Este organimo ha informado de que somete a control, el máximo grado de supervisión, a las sociedades de Odebrecht en el país: Odebrecht Latinvest Colombia, Constructora Norberto Odebrecht, Navelena y a la sucursal de la sociedad extranjera de la constructora.
Una medida que el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, ha aclarado que dota de amplias facultades de fiscalización al organismo como requerir información sobre aspectos jurídicos y contables y exigir datos sobre las reformas estatutarias y la capitalización de esta sociedades.
Pero también sustituir a los administradores revisores fiscales y empleados, según el caso; multar a los administradores que realicen actos contrarios a la Ley; o exigir autorización para cualquier modificación, reforma estatutaria, o incluso capitalización que se haga en alguna de estas compañías. Incluso se abre la posibilidad de liquiedar las compañías.
