China exige a México 600 millones

Por haber cancelado el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro al considerar que las autoridades mexicanas «no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal». China exige al Gobierno de México un pago de 11.294 millones de pesos (unos 600 millones de dólares) por haber cancelado el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro al considerar que las autoridades mexicanas «no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal», de acuerdo con el portal aristeguinoticias.com, que ha obtenido el aviso de intención para iniciar el arbitraje del caso.

El tren México-Querétaro fue una de las promesas anunciadas por Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, al asumir la Presidencia de México. De hecho, en 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del país azteca dio a conocer que el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro iba a ser el primero en su tipo en América Latina. Y en ese mismo año, el 3 de noviembre de 2014, se dio a conocer el fallo de dicha licitación.

Entonces, resultó ganador el consorcio integrado por China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International y CSR Corporation Limited, compañías todas ellas propiedad del Estado chino; si bien compitieron en la licitación en asociación con las empresas mexicanas Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora TEYA.

Y, precisamente, esta última está, en gran medida, detrás de esta reclamación ya que La firma del contrato se canceló horas antes de que se publicase una información que señalaba que el presidente Peña Nieto y su familia vivían en una casa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Constructora TEYA.

Por todo ello, además, de la cancelación de la firma del citado contrato, China también reclama sobre una segunda licitación que fue lanzada en 2015 ya que considera que ambos actos “constituyeron una expropiación a sus inversiones, debido a que resultaron ganadores de ambas licitaciones.

La reclamación se desarrollará al amparo del acuerdo bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado por ambos países el 11 de julio de 2008. Así, el aviso de intención de iniciar un arbitraje de inversión en contra del gobierno de México es el primer paso para entablar la demanda y, si las partes no alcanzan un acuerdo previo, se convocará a un panel de tres árbitros, quienes decidirán sobre el fondo del asunto.

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