La gestión eléctrica en Venezuela vuelve a estar en el ojo del huracán, tras los apagones masivos de principios de mes. La pérdida de electricidad en el sistema venezolano alcanza actualmente un 16% en Caracas, mientras que el año pasado llegó a niveles del 29% en todo el sistema eléctrico nacional, a pesar de que el Gobierno de Hugo Chávez se había marcado como objetivo el mantenerla por debajo de un 12% en 2015. La energía no facturada supera ya a la generada térmicamente. La gestión eléctrica en Venezuela vuelve a estar en el ojo del huracán, tras los apagones masivos de principios de mes. La pérdida de electricidad en el sistema venezolano alcanza actualmente un 16% en Caracas, mientras que el año pasado llegó a niveles del 29% en todo el sistema eléctrico nacional, a pesar de que el Gobierno de Hugo Chávez se había marcado como objetivo el mantenerla por debajo de un 12% en 2015. La energía no facturada supera ya a la generada térmicamente.
Estas pérdidas, o electricidad no facturada, provienen en su mayoría de las tomas ilegales que realizan particulares en algunas zonas empobrecidas del país venezolano y también, lo que resulta preocupante, pequeñas y medianas empresas.
«Los elevados niveles de pérdida de energía eléctrica inducen a la implantación urgente de un sistema de gestión de auditoría y recuperación de energía, gerenciado con profesionales comprometidos con la revolución», señala Omar Marcano, ingeniero eléctrico de la Universidad Simón Bolívar.
El nivel de pérdidas viene creciendo desde hace casi tres décadas, sin que la Corporación Eléctrica Nacional consiga hacer nada por detener los robos. El Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, presentado en 2005 para atajar este problema y que durará hasta 2015, no sólo no ha conseguido su objetivo de reducir entre un 3% y 5% anual esas pérdidas, sino que el total se ha incrementado de un 20% hace cinco años al 29% actual.
El ingeniero y consultor en materia energética Jorge Pirela ha señalado que «las inversiones en medición están atrasadas y eso es inadmisible y, además, los robos son generalizados sin que el Gobierno pueda mantener a raya el crecimiento de esas tomas ilegales».
El año pasado, según publica el diario El Universal, las metas de generación eléctrica se incumplieron, pese a las urgencias que imponía la contingencia nacional. De un total de 5.200 megavatios previstos, ingresaron al sistema 1.250. El Ministerio de Energía Eléctrica en un ejercicio introspectivo, dentro de su balance de gestión, detecta limitaciones técnicas, presupuestarias, financieras y políticas que obstaculizaron en 2010, el propósito por repotenciar el sistema eléctrico, a fin de garantizar su confiabilidad.
El comunicado advierte que el equipamiento eléctrico presenta «un alto nivel de obsolescencia» y las actividades de «transmisión, distribución y comercialización vienen arrastrando un largo período de pérdidas de energía de carácter técnico, que se generan por las condiciones propias de las instalaciones y de carácter no técnico, que corresponde a la energía eléctrica tomada ilegalmente, generando perjuicios impredecibles para la buena prestación del servicio» local.
