El Órgano Superior del Sistema Nacional de Viviendas, que entró en vigencia ayer martes, tiene un objetivo claro. Su principal atribución será la ocupación, con carácter de urgencia, de terrenos ociosos, subutilizados o de uso inadecuado, así como de inmuebles no residenciales. El propio Hugo Chávez se encargó de crear esta nueva institución que ya ha recibido las primeras críticas. El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, sostiene que este tipo de ocupación de urgencia «es inconstitucional.” El Órgano Superior del Sistema Nacional de Viviendas, que entró en vigencia ayer martes, tiene un objetivo claro. Su principal atribución será la ocupación, con carácter de urgencia, de terrenos ociosos, subutilizados o de uso inadecuado, así como de inmuebles no residenciales. El propio Hugo Chávez se encargó de crear esta nueva institución que ya ha recibido las primeras críticas. El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, sostiene que este tipo de ocupación de urgencia «es inconstitucional.”
Según el titular de Aipur, el nuevo órgano “no prevé el derecho a la defensa del propietario y le permite, sin ningún control, al Ejecutivo nacional la toma anticipada de la propiedad». Esta es justamente, la pretensión de la institución creada por el presidente venezolano. Como modo de acometer una promesa electoral de difícil cumplimiento, la de construir 150.000 viviendas antes de que finalice 2011, el estado se ve necesitado de hacerse con terrenos donde construir.
Tal y como se afirma en la Gaceta Oficial, en los casos en que se califique como urgente la ejecución de las obras y proyectos vinculados con la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas, el nuevo ente estará capacitado para ordenar la ocupación de tierras. «Llevará un registro de terrenos aptos para la construcción de viviendas, así como los límites de las recién creadas Áreas Vitales para Vivir (Avivir) y Áreas de Emergencia Habitacional», aseguró Chávez durante el anuncio de su creación.
El presidente de Aipur se defiende con argumentos legales. Asegura que la ocupación de emergencia contradice la Ley de Expropiaciones vigente, en la que se establece que «sólo el Estado puede tomar una propiedad previa consignación del justiprecio en un tribunal de primera instancia y posterior a esa consignación de ese justiprecio es que puede ese tribunal ordenar la ocupación», detalla.
No parece que sus peticiones vayan a tener el eco esperado. El propio Orta comentó que «este órgano para la vivienda debería de crear entonces un fondo para las indemnizaciones, pues el Gobierno no ha cancelado aún el 95% de las expropiaciones urbanas porque no hay presupuestos previos».
