La reforma, que congelaría el gasto público durante ese periodo, ha recibido una fuerte contestación social al haber sido, además, impulsada por un Gobierno que no ha sido refrendado por las urnas y en torno al que se multiplican los escándalos de corrupción El Senado de Brasil votará hoy una reforma que congelaría el gasto público por 20 años. Una polémica medida impulsada por el Gobierno de Michel Temer en teoría para consolidar la economía y hacer frente a un déficit fiscal que está previsto que será de unos 163.000 millones de reales, unos 48.000 millones de dólares, en este año.
Sin embargo, partidos de oposición, sindicatos y estudiantes, tienen otra interpretación. Y esa no es otra que la de que mediante esta enmienda constitucional del «techo de gasto», en la que el presupuesto solo podrá aumentar para compensar la inflación del año anterior, se está imponiendo de forma ilegítima un giro en el modelo económico que apuesta por los recortes sociales.
Consideran que las áreas más afectadas serán las de Salud y Educación y que, en concreto, quienes saldrán más perjudicados serán los más pobres. Todo ello después de que el conservador Michel Temer, accediese a la presidencia tras el ‘impeachment’ de Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT).
Es decir, Temer no ha sido legitimado por las urnas para llevar adelante dichas reformas. Además, la semana pasada, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil suspendió al presidente del Senado, Renan Calheiros, el hombre clave del Gobierno en el Congreso; una decisión que la Cámara decidió ignorar de forma que éste continúa al frente de la conducción de esta histórica votación.
Una situación aún más grave después de que la Fiscalía General de Brasil presentase ayer una nueva denuncia por supuesta corrupción contra Calheiros por, presuntamente, haberse beneficiado de la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras. Y, todavía más, si tenemos en cuenta que también está siendo investigado en otros once procesos, según señala el diario La República de Perú.
Incluso, según Medley Global Advisors, un servicio de macroinvestigación propiedad del Financial Times; bajo el liderazgo de Calherios, un grupo de legisladores brasileños estarían agregando cláusulas al proyecto de Ley anticorrupción con el propósito de que los fiscales federales puedan ser acusados de extralimitación de autoridad.
Todo ello ante el temor de las confesiones que puedan realizar más de 60 ejecutivos de Odebrecht, la principal empresa constructora de Brasil, ya que aparentemente han firmado pactos con la Fiscalía para reducir sus sentencias por el escándalo “Lava Jato”.
Con todo ello, el Gobierno de Temer se encuentra ahora mismo en una posición muy debil ya que continúa perdiendo ministros y aliados del partido en las Cámaras. Además, su administración es tremendamente impopular; y algunos de sus apoyos en el Congreso ya han pedido el remplazo de Henrique Meirelles, el ministro de finanzas, y del gobernador del banco central Ilan Goldfajn.
Incluso hay ya especulaciones sobre el fin anticipado de un Gobierno que debería concluir el 31 de diciembre de 2018. Pero la situación es difícilmente sostenible ya que el propio Temer ha sido acusado de recibir 2,9 millones de dólares ilegales de Odebrecht, por parte del ex ejecutivo de la constructora, Claudio Melo Filho. La primera tan solo de las 77 delaciones ‘premiadas’ a través de las que se espera que salgan más imputaciones contra miembros del núcleo duro del Gobierno y sus aliados.
Y, aún así, el Gobierno Temer espera sacar adelante hoy una votación que haría que la polémica Ley de austeridad fiscal fuese promulgada por el Congreso. De ser así, lo haría esta msima semana, según adelantó precisamente el presidente del Senado, Renan Calheiros; no otro que el principal responsable de acelar la agenda legislativa a favor del plan de ajuste.
