La Contraloría cubana detectó durante 2017, 1.012 delitos económicos en el país caribeño; lo que supone un incremento del 51,9% respecto a los 732 que registró en 2016. Un espectacular aumento que sería preocupante si correspondiése a un crecimiento en paralelo de este tipo de delincuencia, pero que las autoridades de la Isla han atribuido han «mayor control de los posibles hechos delictivos».
La Contraloría cubana detectó durante 2017, 1.012 delitos económicos en el país caribeño; lo que supone un incremento del 51,9% respecto a los 732 que registró en 2016. Un espectacular aumento que sería preocupante si correspondiése a un crecimiento en paralelo de este tipo de delincuencia, pero que las autoridades de la Isla han atribuido han «mayor control de los posibles hechos delictivos».
En esta línea, la Contraloría general ha señalado que la Comisión Estatal de Control se ha encargado de investigar presuntos hechos delictivos y de corrupción administrativa a partir de 1.935 denuncias; lo que ha permitido que en el último año se aplicasen en el país caribeño 5.658 sanciones a 1.237 directivos, 1.370 ejecutivos y 3.051 trabajadores.
No obstante, la contralora jefa de la Dirección de Atención a la Población, Vivianne García, reconoció que el hecho de que muchas de esas denuncias fuesen anónimas “reflejan fallas y vacíos del control interno en los lugares de donde proceden”. Asimismo, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa pidió “evitar la formalización de la tendencia al anonimato a la hora de denunciar un problema».
Del mismo modo, la Contraloría reconoció que tiene un “serio problema” por la reducción del número de auditores en su plantilla, que «sigue disminuyendo», pese a que solo está cubierta en un 64% del país, debido principalmente a los bajos salarios que reciben pese a tratarse de una profesión que requiere de una alta preparación.
Así, la 12ª Comprobación Nacional al Control Interno estima que los perjuicios al patrimonio público durante el último año superaron los 300 millones en «moneda total», además de llevar aparejados pérdidas de activos, incumplimientos en la contratación, en los pagos a privados o en el control del combustible, según recoge, a su vez, el diario estatal Juventud Rebelde.
Se estima que los perjuicios ocasionados al patrimonio público por este tipo de delitos superan los 300 millones en “moneda total”, que según señala Juventud Rebelde se traducirían en fenómenos como faltas y pérdidas pérdidas de activos, incumplimientos en la contratación o en los pagos a privados y en el control del combustible.
