Un grupo de inversores ha solicitado a EEUU que Argentina quede fuera del sistema general de preferencias arancelarias (GSP), que será renovado en breve, a causa del juicio pendiente con su deuda externa. Este sistema contempla beneficios arancelarios que la nación estadounidense concede desde 1974 a países en vías de desarrollo. Una alianza de inversores de EEUU, American Task Force Argentina, ha pedido igualmente a las autoridades comerciales que estudien la suspensión de Argentina del GSP hasta que se resuelva el problema del impago. Además, la sanción a las cerealeras por supuestas maniobras financieras ilegales, ha empeorado la situación. Un grupo de inversores ha solicitado a EEUU que Argentina quede fuera del sistema general de preferencias arancelarias (GSP), que será renovado en breve, a causa del juicio pendiente con su deuda externa. Este sistema contempla beneficios arancelarios que la nación estadounidense concede desde 1974 a países en vías de desarrollo. Una alianza de inversores de EEUU, American Task Force Argentina, ha pedido igualmente a las autoridades comerciales que estudien la suspensión de Argentina del GSP hasta que se resuelva el problema del impago. Además, la sanción a las cerealeras por supuestas maniobras financieras ilegales, ha empeorado la situación.
El GSP beneficia a varios productos argentinos, principalmente vino y granos. Según el ex funcionario del Fondo Monetario, Claudio Loser, el país logró exenciones anuales por 20 millones de dólares (14 millones de euros) entre 2005 y 2009. El sistema venció el 31 de diciembre, junto a otros programas de reducción arancelaria, que deben ser renovados por el Congreso.
En Argentina ya existen precedentes de este tipo. En 1997 el país sufrió una reducción de la mitad de sus beneficios en EEUU por una disputa sobre propiedad intelectual. El estatuto GSP sería un instrumento útil para resolver esos problemas, solamente en el contexto de una estrategia más general para presionar a Argentina, señaló Loser.
Los inversores reclaman 16.000 millones de dólares (11.478 millones de dólares) en deudas con capitales privados. Es por eso que la alianza de empresarios estadounidenses, American Task Force Argentina (TFA), ha solicitado a las autoridades comerciales que estudien la suspensión del país hasta que se resuelva el contencioso de la deuda. La demanda se suma a otras que promueve la TFA, y cuyo objetivo es conseguir que el Estado argentino pague el valor completo de los bonos que adquirieron a un precio muy bajo.
Este grupo de presión inició las acciones después de que sus programas judiciales comenzaran a tener poco interés en los tribunales estadounidenses. Con la segunda etapa de reestructuración, el país logró una posición más fuerte frente a las solicitudes de embargo de estos grupos.
Mientras, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), expulsó al Registro de Operadores de Granos, ya que, al parecer, las empresas realizaban operaciones ilegales en sus maniobras financieras. Las cerealeras han denunciado esta situación, que consideran una represalia, a la administración estadounidense.
Hace una semana hubo un registro masivo de la AFIP con 740 inspectores en 117 domicilios de exportadoras de granos para buscar datos de cuatro firmas . Lo curioso es que se trata de empresas que no comercializan con el exterior, sino en el mercado local.
Estas compañías operan desde hace más de medio siglo en Argentina, que es un eslabón estratégico para su cadena de producción global.