Alán García, presidente de Perú hasta el próximo 31 de julio, ha tomado una decisión que complica la situación de las mineras en el país. Para acallar las protestas en la región de Puno, donde la población de etnia aymara reclamaba el freno de la explotación de los minerales, el mandatario ha derogado el Decreto Supremo Nº 083-2007, poniendo así fin a la presencia de la minera canadiense Bear Creek en la zona e imponiendo una consulta previa para nuevas actividades mineras en la provincia. Esto podría motivar que el presidente entrante, Ollanta Humala, tenga que enfrentarse a una caída de las inversiones por parte del sector. Alán García, presidente de Perú hasta el próximo 31 de julio, ha tomado una decisión que complica la situación de las mineras en el país. Para acallar las protestas en la región de Puno, donde la población de etnia aymara reclamaba el freno de la explotación de los minerales, el mandatario ha derogado el Decreto Supremo Nº 083-2007, poniendo así fin a la presencia de la minera canadiense Bear Creek en la zona e imponiendo una consulta previa para nuevas actividades mineras en la provincia. Esto podría motivar que el presidente entrante, Ollanta Humala, tenga que enfrentarse a una caída de las inversiones por parte del sector.
A la espera de que la resolución se publique mañana en el diario oficial “El Peruano”, lo cierto es que la decisión, negociada entre el ministro de Interior, Miguel Hidalgo, el viceministro de Minas, Fernando Gala, y los dirigentes aimaras, ha facilitado ya la apertura de la frontera entre Perú y Bolivia, paralizada desde hace más de 30 días por parte de los indígenas en Puno.
Según se informó en un comunicado, se dispuso que, en referencia a la Consulta en el departamento de Puno, “los procesos, procedimientos, títulos de concesiones mineras y el otorgamiento de derechos de exploración y/o explotación de hidrocarburos existentes en el departamento de no autorizan por sí mismos a realizar actividades mineras o petroleras de exploración ni explotación, ya que previamente debe efectuarse el proceso de consulta con la finalidad de llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente, en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley Nº 24656-Ley de Comunidades Campesinas, según lo determine el Ministerio de Cultura.”
Por otra parte, la resolución dispone que “para las concesiones mineras vigentes y para el otorgamiento de derechos de exploración y/o explotación de hidrocarburos ubicadas en el departamento de Puno, el MEM coordinará con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Agricultura, a efecto de una adecuada determinación de los pueblos indígenas que deban ser materia del proceso de consulta en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.”
Esta nueva interpretación de la norma va a provocar, en primer lugar, la salida de la región de la minera canadiense Bear Creek. Su marcha termina con un conflicto que amenazaba con convertirse en una de las primeras piedras de toque para el nuevo gobierno de Ollanta Humala, que asume el poder el 31 de julio. No en vano, la implicación con las comunidades indígenas del político nacionalista ha sido una de las claves de su victoria.
Por otra parte, esta decisión podría provocar un retraimiento de la inversión minera ante la posibilidad de que otras comunidades del país quieran someter a las explotaciones que ya funcionan a un proceso similar. La perdida de seguridad amenaza en este caso la entrada de inversores en el país.
