La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado este martes la polémica Ley Especial de Ciberdelitos, que tiene la intención de investigar y sancionar «delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y comunicación», algo que la oposición del país y organizaciones de la sociedad civil han calificado como un intento de coartar la libertad de expresión de la prensa y de silenciar a los sectores críticos con el Gobierno de Daniel Ortega.
Con 70 votos a favor y 16 en contra, el órgano legislativo ha pasado esta ley presentada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) el pasado 28 de septiembre y bautizada por la prensa local como «Ley Mordaza» o «Ley Bozal», que establece penas de cárcel desde los dos hasta los ocho años a quienes difundan «información falsa o tergiversada» en internet.
Desde la Administración señalan que este marco legislativo busca «garantizar a la población nicaragüense la protección y seguridad de los servicios automatizados que brindan las instituciones del Estado y velar por la dignidad humana de los ciudadanos y ciudadanas de la nación», informa el oficialista ‘El 19’.
En definitiva, el Gobierno de Ortega asegura que esta norma facilita la lucha contra el fraude, la violación de la seguridad de los datos y la difusión de información confidencial.
Asimismo, el artículo 39 de la norma permite al Gobierno solicitar a las empresas proveedoras de servicios «recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, así como el tráfico de datos en tiempo real», recoge el diario local ‘Comercial’.
Tanto la oposición como organizaciones de la sociedad civil han criticado esta nueva ley por ser una herramienta con la que el Gobierno podría perseguir a los periodistas y usuarios de las redes sociales críticos con la Administración.
En este sentido, «en un país en el que la libertad de prensa y la defensa de los Derechos Humanos son objeto de continuos ataques, la comunidad internacional debe condenar enérgicamente estos hechos y exigir al Gobierno que, de una vez por todas, garantice los Derechos Humanos de la población», ha reclamado la directora para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.
«No se debería sancionar a las personas por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asociación. Una vez más, pedimos al Gobierno que ponga fin a la represión. No dejaremos de denunciarla», ha añadido.
La aprobación de esta ley se produce semanas después de que la misma Asamblea pasara la conocida como Ley de los Agentes Extranjeros, que controla las actividades de aquellas personas o empresas que reciben financiación del exterior, una disposición calificada por la oposición y organizaciones de Derechos Humanos como un instrumento de represión política y restricción de libertades.
