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Toma de posesión

España pide la liberación de presos políticos en Nicaragua coincidiendo con la toma de posesión de Ortega

El Gobierno español, que retiró a la embajadora en Managua en agosto, no ha enviado representante al acto.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con familiares de presos políticos en Nicaragua - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con familiares de presos políticos en Nicaragua - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado este lunes la liberación de los presos políticos en Nicaragua tan solo horas antes de que el presidente del país, Daniel Ortega, tome posesión de su cuarto mandato consecutivo tras unas elecciones que España considera una «burla» y cuyo resultado no reconoce.

Albares se ha reunido en el Ministerio con familiares de presos políticos nicaragüenses, entre ellos Vicky Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, precandidato a la Presidencia y sobrino de la expresidenta Violeta Barrios Chamorro, detenido el pasado mes de junio.

En el encuentro, en el que también ha participado el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, el ministro ha reiterado a sus interlocutores el rechazo de España «a la violación de los Derechos Humanos» en Nicaragua, según ha informado él mismo en Twitter.

«España exige su puesta en libertad y lidera una política activa de denuncia y condena de la situación en el seno de la UE, la OEA y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU», ha sostenido el ministro de Exteriores.

NO HABRÁ REPRESENTANTE ESPAÑOL EN EL ACTO

El Gobierno no contará con ningún representante en la toma de posesión de Ortega de este lunes, según adelantaron la semana fuentes diplomáticas a Europa Press, continuando así su posición de firmeza de los últimos meses, tras no reconocer la reelección del mandatario en las elecciones del pasado 7 de noviembre.

En un comunicado entonces, el Ministerio de Asuntos Exteriores dejó claro que «considera una burla estos comicios y denuncia que su celebración no refleja la genuina voluntad del pueblo nicaragüense, al que Daniel Ortega ha privado del libre y pleno ejercicio de sus derechos de sufragio».

Asimismo, acusó al Gobierno de haber instaurado en Nicaragua «un régimen represivo y autoritario amparado por un marco legislativo regresivo y la connivencia de los poderes legislativo y judicial, controlados por Ortega».

El Ejecutivo afeó a Ortega la «persecución sistemática de actores políticos, sociales, mediáticos y económicos» así como el encarcelamiento de los principales líderes y precandidatos opositores en los meses previos a los comicios, reclamando una vez más su liberación, así como la de otros detenidos.

Por regla general, es el Rey Felipe VI quien asiste a las tomas de posesión de los mandatarios iberoamericanos, ya desde la época en la que aún era Príncipe de Asturias. Así ocurrió el pasado verano con la inauguración de Pedro Castillo como presidente de Perú y se espera que se repita el próximo 11 de marzo con la toma de posesión de Gabriel Boric en Chile.

De no acudir el Rey, se podría optar por una representación a un nivel inferior, por ejemplo del ministro de Asuntos Exteriores, en este caso José Manuel Albares, o incluso aún más bajo, por parte del embajador de turno en el país.

SIN EMBAJADORA DESDE AGOSTO

Sin embargo, en el caso de Nicaragua se da la circunstancia de que el Gobierno llamó a consultas a su embajadora en este país, María del Mar Fernández-Palacios, el pasado 11 de agosto en respuesta a un duro comunicado de la Cancillería nicaragüense en el que se denunciaba injerencia por parte de España y se recurría a los GAL o a Cataluña para criticar al Ejecutivo.

En dicho comunicado, réplica a uno de Exteriores criticando la detención de opositores, la Cancillería nicaragüense denunció «la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de gobiernos democráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia» y remitiéndose al «terrorismo de Estado» de los GAL.

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