Así lo explicó a la Agencia Sputnik el economista peruano y coordinador de justicia fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), Luis Moreno, quien subrayó que, en los actuales esquemas tributarios regionales, la carga recae sobre las clases medias y bajas mientras perviven mecanismos de evasión, beneficios e incluso exenciones impositivas para los más potentados.
«Una cooperación entre los países latinoamericanos en materia tributaria busca que la región esté más fuerte a los abusos de las transnacionales y a la evasión de impuestos (…) La idea es tratar de cooperar a nivel regional ante la necesidad de financiamiento de derechos humanos y de los objetivos de desarrollo sostenible. Se necesitan recursos para poder financiarlos y estos pueden salir de una recaudación justa, transparente, sostenible y equitativa», dijo Moreno.
En los últimos años, los dilemas del sistema tributario latinoamericano han ganado espacio en el debate político. En ese contexto, el Gobierno de Colombia realizó el martes y miércoles la «Primera cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa», con el objetivo de buscar acuerdos a nivel regional.
«Una justicia tributaria global permite la coordinación en las políticas tributarias de la región y contribuye con la disminución de la evasión y elusión. Asimismo, significará un aumento del recaudo», señaló el Ministerio de Hacienda colombiano en su cuenta de Twitter.
Según datos del informe «La ley del más rico», realizado por Latindadd y la confederación humanitaria no gubernamental Oxfam y publicado el 12 de enero, solo cinco países de la región tienen un impuesto al patrimonio, por lo que el 90 por ciento de los milmillonarios viven en lugares donde sus fortunas están totalmente fuera del sistema fiscal.
Por otro lado, 22 por ciento de la riqueza de América Latina se encuentra en paraísos fiscales, dato que los investigadores incluso estiman que posiblemente esté por debajo de la realidad.
Además, 17 de los 91 milmillonarios de la región viven en países en los que no se aplica ningún impuesto a las herencias, donaciones o sucesiones, por lo que si no se modifica ninguna normativa, pasarán a la próxima generación 158.600 millones de dólares totalmente libres de impuestos, alimentando una vez más una «rueda de ricos y privilegios», se afirma en el informe.
La política fiscal en la región aplica una forma de recaudación «regresiva», ya que en los hechos quienes terminan financiando los recursos de los estados «son los que menos tienen», sostuvo Moreno, quien participó de la cumbre en Colombia y además es miembro del Consejo de Coordinación de la Red de Justicia Fiscal de América Latina.
«Esto sucede porque en general hay dos grandes mecanismos de recaudación. Uno es la recaudación directa, que puede ser sobre las riquezas o las rentas personales, y el otro es sobre el consumo, o sea sobre cada uno de los productos que se va consumiendo. La recaudación en general en América Latina se basa en la recaudación al consumo a través del IVA (Impuesto al Valor Agregado), por ejemplo, que es un impuesto que lo pagamos todos y es el elemento en el cual los estados se basan para el financiamiento de las políticas públicas», afirmó.
Según el informe «La ley del más rico», entre 2007 y 2019 la recaudación tributaria en América Latina y el Caribe creció siete por ciento, recayendo esencialmente «sobre los trabajadores, a través del impuesto sobre la renta personal, las contribuciones a la seguridad social o el consumo».
«Este aumento de recaudación regional ha sido por un incremento de 11 por ciento en la contribución de impuestos al consumo y al trabajo, incluyendo las contribuciones a la seguridad social. En cambio, la recaudación por rentas corporativas y riqueza han caído un cinco por ciento durante el mismo período», agrega.
Por otro lado, Moreno señaló que históricamente los estados latinoamericanos han apostado por la liberalización del comercio buscando más inversiones, y ello implicó facilidades e incentivos impositivos para grandes empresas multinacionales, que dejaron de pagar «una cantidad de impuestos que son importantes y necesarios para el financiamiento de políticas públicas».
«Entonces, el otorgamiento de estas exoneraciones tributarias genera una pérdida fiscal que hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que (las empresas) no las necesitan», agregó.
El experto consideró que es necesario eliminar los privilegios fiscales y las exoneraciones tributarias.
«Actualmente nos encontramos en un sistema tributario internacional donde las grandes empresas tienen diversos mecanismos de traslado artificial de las ganancias hacia las denominadas guaridas fiscales o paraísos fiscales. Mecanismos que salen del control de los países, sobre todo porque las mismas grandes corporaciones tienen bufés de abogados que tratan de buscar los vacíos legales y así generar mecanismos de ilusión fiscal para transferir muchas de sus riquezas que deberían tributar hacia estos lugares de baja o nula tributación», agregó.
Por medio de un sistema tributario más justo, los estados latinoamericanos pueden conseguir más recursos que se pueden destinar en políticas sociales, educación, desempleo, crisis climática, brecha de género, entre otros, dijo el analista.
Asimismo, es necesario incluir «nuevas voces», como la de los movimientos sindicales, indígenas y campesinos, ya que la política fiscal es uno de los «mecanismos más importantes» para el financiamiento de los sistemas de protección social, consideró.
«Este tema no es solo un debate técnico sino que social, hay que atender las demandas de los indígenas, campesinos, sindicatos y cómo las multinacionales van generando impactos en los territorios», reflexionó.
Según Latinddad, en América Latina hay una brecha de 650.000 millones de dólares que son necesarios para lograr que la población tenga acceso a la educación pública, servicios de salud, alimentación, vivienda, y políticas que hagan frente al cambio climático.
En el informe «La ley del más Rrco» se afirma que podrían recaudarse alrededor de 50.000 millones de dólares aplicando un impuesto al patrimonio neto de hasta el cinco por ciento los millonarios de América Latina y el Caribe, «un importe así sería suficiente para incrementar la inversión pública en salud de toda la región en un 36 por ciento».
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