La experta en agricultura de Greenpeace, Viridiana Lázaro, dijo en una entrevista que el estudio realizado por la organización ecologista recoge los datos de tres años, de 2020 a 2022, desde el inicio de la pandemia de covid-19 hasta el impacto del conflicto armado en Ucrania.
«Con los datos de las 20 empresas con mayor poder en el mundo, productoras de alimentos -granos, fertilizantes, cárnicos y lácteos-, revisamos a las empresas con presencia en México y encontramos que 13 de esas firmas tienen presencia», dijo vía telefónica la especialista.
La organización ecologista compara las ganancias con los 51.500 millones de dólares que serían suficientes para proporcionar alimentos, vivienda y apoyo para salvar las vidas de las 230 millones de personas más vulnerables del mundo.
Cinco compañías transnacionales dominan un mercado mundial de granos que no controla la competencia desleal: Archer-Daniels Midland; Bunge Ltd; Cargill Inc; Louis Dreyfus Company; y COFCO Group.
La concentración es de tal magnitud, que cuatro empresas de las mencionadas controlan más del 70 por ciento del comercio mundial de granos que alimentan a la humanidad.
Sin embargo, su falta de transparencia es tan grande, que «no tienen la obligación de revelar lo que saben sobre los mercados globales, incluidas sus propias reservas de granos», indica el informe de la investigación.
En el sector de los productores de fertilizantes cuatro empresas predominan: Nutrien; Yara International; CF Industries Holdings; y The Mosaic Company.
Greenpeace descubrió que la falta de transparencia en torno a las cantidades de grano almacenadas, después del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania «fue un factor clave que alimentó la especulación en los mercados de alimentos y el incremento de precios».
Los productos cárnicos son otro ejemplo: están acaparados por seis compañías: JBS; Tyson Foods; WH Group; Marfrig Global Foods; BRF; y NH Foods.
«Estas corporaciones son tan codiciosas que han expulsado del sistema a los agricultores y agricultoras de pequeña escala y productoras locales, cuyo propósito es alimentar a la gente», señalan los expertos en el documento de 30 páginas.
La producción de lácteos está en poder de cinco marcas que cierran la lista de las 20 gigantes: Lactalis, Nestlé, Danone, Dairy Farmers of America, y Yili Group.
Davi Martins, investigador de Greenpeace International, apunta que «estamos presenciando es una enorme transferencia de riqueza a unas pocas familias ricas que básicamente son las propietarias del sistema alimentario de todo el mundo».
El campañista de la organización internacional fundada en 1971 Canadá denuncia que «pagar más a los accionistas de unas pocas corporaciones de alimentos es simplemente escandaloso e inmoral».
De las corporaciones que tienen presencia en México, Danone, Nestlé y Cargill Inc presentan un número mayor de locaciones en el país latinoamericano.
«Esto confirma que el control de la alimentación mexicana se encuentra en manos de pocas empresas dueñas de las marcas de muchos de los productos que se comercializan y se consumen en el país», explica la integrante del capítulo mexicano de Greenpeace.
De acuerdo con la investigación internacional, México tuvo una variación al alza de 6,5 por ciento en los precios locales de los alimentos en el periodo del 14 de febrero del 2020 al 09 de julio del 2020.
Sin embargo, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en las zonas rurales el cambio porcentual anual de la línea de pobreza extrema, la canasta alimentaria tuvo un incremento del 14,7 por ciento en 2022, respecto a septiembre de 2021.
«Esas corporaciones podrían alimentar a las personas más vulnerables con pobreza extrema en el mundo y les sobraría dinero», comenta a esta agencia la entrevistada.
Las empresas utilizaron la crisis alimentaria global para aumentar ganancias: «crearon mucha especulación en el mercado de alimentos, porque controlan el mercado y no tenían obligación de ser transparentes, ni reportar los granos y alimentos almacenados», agrega Lázaro.
El aumento de los precios es un problema que se origina en los «oligopolios sin transparencia» que se observa el comportamiento de la inflación, explica.
La experta señala que otros países latinoamericanos sufren las mismas consecuencias que padecen los consumidores mexicanos, como Brasil con 6,2 por ciento.
Los niveles más elevados se reportaron en Guyana, donde la inflación en alimentos fue de 49,8 por ciento, y en Venezuela el aumento fue de 47 por ciento.
Lázaro explica que la organización llegó a algunas conclusiones con el estudio.
«Se debe exigir transparencia de datos; promover un cambio del sistema agrícola mundial en pocas manos; y emprender una transición a la agroecología, que no dependa de los plaguicidas ni los productos transgénicos, ni que esté en pocas manos», enumera.
Los ecologistas llaman a los países a tener en cuenta estas fallas en el sistema global de alimentos y generar políticas públicas que aminoren los efectos del cambio climático como las sequías extremas y las pandemias.
«El cambio de modelo debe evitar que estas crisis y tragedias no resulten en nuevas crisis alimentarias», puntualiza la campañista.
Existen herramientas jurídicas que se pueden invocar para proteger a la población, señala: la Carta Magna mexicana establece el derecho de las comunidades y población a contar con alimentación adecuada, en su artículo constitucional.
«Necesitamos políticas que regulen y reduzcan el poder de las empresas sobre el sistema alimentario mundial, de lo contrario las desigualdades se profundizan aún más», concluye por su parte Martins.
No emprender este camino ante el desafío mundial está costando millones de vidas a la humanidad.
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