«Donde consideran que hay una injusticia, se revisan los casos. Ellos (los responsables estadounidenses) tienen ya una lista. Hay algunas empresas que están pidiendo que se les informe, tanto estadounidenses como de Canadá, son pocas», dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.
Ese acuerdo se habría alcanzado en una reunión del mandatario con la secretaria de Energía de EEUU, Jennifer Granholm, celebrada la noche del jueves en Palacio Nacional, a la que asistió la secretaria de Energía de México, Rocío Nhale, y otros miembros del gabinete Ejecutivo.
El proyecto de reforma que analiza el Congreso fue presentado en octubre pasado por iniciativa presidencial, para que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) eleve del 35 por ciento actual a un 54 por ciento su porción del mercado eléctrico mexicano.
Además, otorga prioridad a la empresa estatal en el suministro de la energía para entrar a la red eléctrica nacional antes que las empresas de EEUU, Canadá y Europa, que en los últimos años han invertido unos 44.000 millones de dólares en parques generadores de energías verdes, utilizando viento y luz solar.
López Obrador afirma que la reforma constitucional es un asunto de seguridad nacional, y sostiene que una reforma energética constitucional de 2013 para poner fin al monopolio estatal favorece la inversión privada y extranjera en el sector.
Granholm se reunió además con empresarios estadounidenses de la Cámara Americana, a quienes agradeció por el informe sobre la industria energética y «aprender sobre futuros retos y oportunidades en México».
La responsable de la Casa Blanca, que realiza una visita de dos días a México, dijo que está «comprometida con el fortalecimiento de la competitividad en Norteamérica y con la construcción de un futuro con energías limpias».
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