«Se acata y se cumple», ha recalcado el presidente mexicano durante su intervención matutina de este jueves desde el Palacio Nacional, un día después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE señalara que en aquellas ruedas de prensa López Obrador se habría inmiscuido en el debate político al hablar de las elecciones de Nuevo León.
«Yo tengo mis diferencias ya lo saben ustedes, yo considero que nosotros informamos, no hacemos propaganda y la Constitución nos protege pero si ellos tienen una interpretación distinta y han tomado una decisión, nosotros vamos a respetar ese punto de vista», ha dicho.
De acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el presidente López Obrador cayó en «la repetición de conductas posiblemente infractoras de la normativa electoral» durante sus comparecencias ante la prensa de aquellos días, y ha solicitado a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ponga especial atención para que esta conducta no vuelva a repetirse.
La queja fue presentada por el partido Movimiento Ciudadano (MC) y su candidato a gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, y tras ser estudiada la Comisión determinó que el presidente mexicano llevo a cabo «una intromisión» de los procesos electorales, contraviniendo así los artículos 41 y 134 de la Constitución.
De acuerdo con esta comisión, López Obrador en su conferencia del 5 de mayo hizo referencia a Samuel García mencionado que había visto «una foto de un candidato a la gobernación de Nueva León que está ofreciendo, no sé si 1.500 pesos (60 euros), 1.800 (75 euros) cada dos meses si le votas».
«Aquí hay interferencia en un proceso electoral, está hablando de un candidato al gobierno de Nuevo León, está apartándose del deber de neutralidad que manda el artículo 134 constitucional» explicó el consejero de la comisión, Ciro Murayama.
En la del 6 de mayo hizo referencia a los comicios de las diputaciones locales y en la 7, López Obrador «transgredió» nuevamente dicho artículo, al afirmar «que el INE está pensando en quitar el registro a otra candidata al gobierno de San Luis Potosí, de Morena. Esto es lo más faccioso que puede haber».
Este domingo están en juego más de 21.000 cargos de elección popular, entre ellos 500 diputados federales; 15 cargos de gobernador; 1.063 cargos en congresos locales; 17.000 en ayuntamientos; y más de 1.900 presidencias municipales, todo ello en un momento en el que la violencia del crimen organizado ha tomado protagonismo en una campaña electoral bañada de sangre.
Más de una docena de candidatos han sido asesinados desde marzo. Mientras que otros 234 han denunciado amenazas o agresiones y 65 tienen escoltas, según datos extraídos del plan de seguridad puesto en marcha por el Gobierno para proteger a los que se postulan a las elecciones.
