Así lo ha revelado la consultora Integralia, cuyos datos ha recogido el diario ‘El Sol de México’. La compañía ha detallado que, entre las víctimas de homicidio, figuran 28 funcionarios municipales, 26 aspirantes a las elecciones, 17 exfuncionarios y 14 funcionarios federales y estatales.
Además, ha contabilizado diez activistas, cinco excandidatos, cuatro periodistas, cuatro líderes de partidos políticos, cuatro militantes en agrupaciones políticas, tres jueces, tres presidentes municipales y otras 25 personas más, entre representantes de partidos y organizaciones políticas locales o independientes.
Por partidos, el del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, concentra el 20 por ciento de los políticos asesinados. Le sigue el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con un 15 por ciento; el Partido Acción Nacional (PAN), con un 12 por ciento; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con un 9 por ciento; Movimiento Ciudadano, con un 6 por ciento; y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con otro 6 por ciento.
Febrero ha sido el mes más violento para los políticos, con 30 eventos de agresiones, aunque marzo fue el más mortífero, con 18 víctimas de homicidio. Mientras, los estados mexicanos con mayor número de incidentes fueron Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Tamaulipas, Baja California y Chihuahua.
El Gobierno de México puso en marcha a principios de marzo un plan de protección de candidatos y políticos durante el proceso electoral. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela, alertó entonces de que el crimen organizado «impone, quita, mata, presiona, coopta y chantajea» a candidatos electorales en nueve estados del país norteamericano –Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Baja California–, algo que pone en peligro las elecciones.
El 6 de junio están en juego más de 21.000 cargos de elección popular, entre ellos 500 diputados federales; 15 cargos de gobernador; 1.063 cargos en congresos locales; 17.000 en ayuntamientos; y más de 1.900 presidencias municipales, que es el sector donde se percibe más riesgo.
El plan del Gobierno de López Obrador, concebido para que los comicios se celebren de forma «limpia» y «libre», prevé proporcionar protección voluntaria a los candidatos y garantizará, además, que no se produce una intromisión por parte de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.
