«En 2021 presenciamos desplazamientos internos, migraciones forzadas; vimos una continuidad en las desapariciones, y también cómo la violencia afectó el acceso de comunidades a la salud y a la educación», ha asegurado en un comunicado el jefe de la delegación regional de CICR para México y América Central, Jordi Raich.
«Además de efectos visibles como los homicidios, la violencia tiene efectos invisibles profundos: mata en vida a personas, comunidades y familias», ha agregado el responsable de CICR, organización que trabaja en El Salvador, Guatemala, Honduras y México. En Nicaragua, además, la organización visita a personas privadas de libertad.
Así, Raich ha hecho hincapié en que se requiere de «la acción urgente y decidida de gobiernos, sociedad civil y organizaciones humanitarias para mitigar las consecuencias de esta violencia, promover espacios más humanitarios y garantizar una vida digna a las personas afectadas».
Asimismo, el jefe de operaciones del CICR en México, Miguel Ramírez, ha denunciado que «perder a un ser querido por la violencia es el dolor que enfrentan miles de personas en la región». «Que sus historias sean publicadas en medios o comentadas en pláticas de sobremesa, pero luego olvidadas, es una constante y una señal de que hemos terminado por aprender a vivir con ella, impidiéndonos entender el sufrimiento que causa a miles y contribuir a movilizar soluciones», ha aseverado.
Uno de los temas que más preocupan en la región para el CICR son el aumento de la migración que, según cifras oficiales, en México el número de personas migrantes detenidas en 2021 aumentó un 68 por ciento con relación al 2019, lo que lleva a un aumento en la movilidad y los desplazamientos.
La organización también ha enfatizado la importancia de trabajar en las desapariciones, ya que solo en México se contabilizan casi 100.000 personas desaparecidas. Otros temas son la emergencia carcelaria, el uso legal y adecuado de la fuerza, así como las dobles vulnerabilidades que traen consigo fenómenos climáticos y emergencias sanitarias, como la pandemia por la COVID-19 en comunidades fuertemente afectadas por la violencia.
El año pasado el CICR realizó 62 visitas y actividades de asistencia en 43 lugares de detención, incluyendo estaciones migratorias en México, que beneficiaron a más de 49.000 personas privadas de libertad.
Asimismo, el comunicado del CICR ha detallado que facilitó un lugar seguro y alimentación a 477 personas desplazadas internas por la violencia en El Salvador y Honduras, y en México y América Central acompañó a 63 colectivos de familiares de personas desaparecidas en su búsqueda.
«El CICR seguirá trabajando este 2022 para mitigar las consecuencias humanitarias de la violencia en México y América Central y, en colaboración con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, contribuir a aliviar el sufrimiento humano», ha zanjado el comunicado.
