El Banco Federal será liquidado por el gobierno venezolano

Jorge Giordani, ministro de Finanzas y Planificación de Venezuela, ha declarado que empezará la venta parcial de los activos y la liquidación de los pasivos del Banco Federal, propiedad de Nelson Mezerhane, accionista de Globovisión y opositor al gobierno de Chávez. El motivo de esta acción es la búsqueda de fondos para cubrir el pago a sus clientes de las carteras de fideicomiso y cajas de ahorro.

El Banco Federal está viviendo sus últimas horas de vida. La decisión del ministerio de Finanzas y Planificación venezolano de liquidar los activos del banco ha sido la sentencia de muerte de una entidad que ya veía venir su destino.

Desde que hace dos meses, concretamente, el día 16 de junio, la compañía fuera intervenida por el Estado, por supuesta falta de liquidez, este final se estaba viendo venir. Según el director de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), Edgar Hernández, se tomaron estas medidas para proteger el ahorro de los clientes; pero Mezerhane calificó de “totalmente falsos” dichos problemas y afirmaba que esta medida era una “factura” política por la posición crítica que el Gobierno mantiene con la cadena de noticias Globovisión.

El ministro de Finanzas dijo en rueda de prensa que la “perdida patrimonial” del Federal asciende a 1.135 millones de dólares (863 millones de euros) y que la venta de sus activos permitirá devolver el dinero a los clientes no amparados por el Fondo de Garantías de Depósitos (Fogade).

Los depósitos por encima de los 6.976 dólares (5.306 euros) y los correspondientes a la cartera de “previsión social”, como fideicomisos y cajas de ahorro, que totalizan unos 2.363 millones de dólares (1.797 millones de euros), serán cubiertos con la venta de activos.

Según Mezerhane, la intervención de la entidad formó parte «de un programa premeditado para ir asfixiando a los empresarios que somos fundadores de Globovisión». El accionista de Globovisión aseguró a los medios locales que la intervención de la entidad financiera es el resultado “de una cadena de hechos que demuestra que quien apoya la libertad de expresión paga por ello”.

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